Durante la tarde del martes se realizó un taller junto a Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Quien, tal como demostró en su charla de más de 2 horas, es especialista en investigar delitos ambientales y actualmente se encuentra haciendo un recorrido por diferentes ciudades socializando herramientas de participación e intervención política ante este tipo de conflictos, siempre del lado de quienes denuncian los daños ambientales. 

Además, Gómez tiene una larga trayectoria en temas de derecho penal ambiental y en el encuentro en el Centro Cultural Necochea habló de su experiencia en la persecución de delitos ambientales, la legislación existente en Argentina, en América Latina y la importancia del involucramiento de la ciudadanía como querellante para llevar adelante causas penales por este tipo de delitos.

En su introducción respecto a estas temáticas y disputas ambientales, comenzó con frases de título como: “Acá, o no hay contaminación, o hay una gran impunidad judicial”, refirió sin mencionar ningún caso en particular sino una imágen general de lo que sucede. También en el inicio destacó que la charla haya sido considerada de “interés general” en el Concejo Deliberante. 

Como cuestión a resaltar, previo a la presentación de sus diapositivas, el hombre de unos 60 años dejó su número de teléfono y contó que tiene un equipo de trabajo con quienes toman acciones por temas ambientales, y consultas. A la vez que sostienen portales de información y de radio, como un podcast. 

“La justicia es demasiado importante para dejarla en mano de los abogados”, dijo y agregó que hay que siempre tener en claro que “el conflicto ambiental hay que iniciarlo siendo victimas, las victimas no son las ballenas, somos nosotros”. También sugirió siempre hacer valer la Ley de acceso a la información pública ambiental, y el Caso Escazú. 

No a los recursos de amparo, sí a las denuncias penales

Uno de los consejos claves del Gómez fue la poca utilidad de la presentación de Recursos de Amparo: “En el mejor de los casos llegan a la Corte suprema de la nación, pero las sentencias civiles no se cumplen, cuando del otro lado está el verdadero poder económico  y político”, explicó y dio como ejemplo el fallo de la Corte para la descontaminación del Riachuelo en CABA, que 10 años después no ha mejorado. “la corte no hizo nada para que se cumpliera el fallo”.

También resaltó a los y las activistas ambientales la importancia de preparar prueba y “no esperar que la haga un juez”, y describió la situación: “Si tengo un testigo que ve cómo se vuelcan los residuos cloacales, le hago una entrevista y es una prueba, o a la gente que sufre el polvillo”, mencionó como dos casos ejemplos para entender que cualquiera, con un celular en mano, tomando declaraciones, fotos y videos, puede generar prueba. 

Como otras de las sugerencias, mencionó la importancia de la solidaridad entre los y las activistas del lugar y también de todo el país, mencionando la represión en Andalgalá y el conflicto mapuche en Neuquén. 

Gómez realizó una reflexión respecto a la seguridad jurídica: “un sistema que permite explotar nuestros recursos naturales”. Y que para ganar mucho dinero se “necesita contaminar”. En referencia a esto dijo "cuanto más se contamina más plata gana, cuánto más exigentes son para que no haya contaminación, menos ganancia”. Por eso, en países como el nuestro que necesita dólares, se los convoca a que vengan, dijo, mencionando la extracción de litio y asegurando que la misma contamina, con la connivencia del poder político. 

Respecto a la poca utilidad de la herramienta del Recurso de Amparo, Gomez enfatizó que "El empresario no le tiene miedo a esta herramienta, puede tardar 15 años, pero sí le tiene miedo a perder dinero, a quedar preso o quedar como un delincuente.” 

¿Cuándo se contamina y cuándo no?

Respecto a esta pregunta, a la que dijo que es “casi matemático”. La contaminación impacta en la ley cuando supera los niveles admitidos por las normas administrativas o cuando la técnica -sin superar el nivel de contaminación- no es aceptada.

En el Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Civil. “Es delito cuando supera los índices previstos por la ley penal ambiental o cuando la técnica utilizada causa un daño previsto por la Ley Penal”, dijo y también mencionó que es cuando se vulnera el “interés vital”. 

Las leyes

En el CÓDIGO PENAL:  

Existen los Delitos contra la Seguridad:  Art. 186, de 3 a diez años: incendio, explosión o inundación con peligro para los bienes. Art. 187, de 3 a 10 años: estrago. 

Delito de estrago culposo: Art. 189, de un mes a un año. 

Delitos contra la salud humana:  Art. 200: de 3 a 10 años si es doloso: envenenar o adulterar el agua.  Art. 203: de 6 meses a 5 años si es culposo;

Delitos contra la provisión de agua:  Art. 194, de 3 meses a 2 años, entorpecer o estorbar la provisión de agua.

Ley de Fauna 22.421: Ej. dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años, el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas.

Ley 14.346 de Maltrato Animal. Ej. …de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

La receta de la denuncia ambiental
 

También mencionó los pasos a la hora de hacer una denuncia ambiental. Primer paso, el Litigio estratégico ambiental, luego la etapa de Preconstitución de prueba y allí la presentación de la denuncia o querella. 

Explicó el esquema para hacer el litigio ambiental: Se trata de una denuncia penal simple en manos de ciudadanos, también la opción de Denuncia penal compleja con rol de querellante  (ONG o vecinos). 

También están las Acciones ciudadanas, como las denuncias administrativas: “Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto (por acción u omisión)”, dijo. 
 
Acá la conferencia completa de Gómez, en la transmición en vivo que realizaron los organizadores. Click Aquí