

En el mismo, realizan una fuerte crítica respecto a una resolución del propio Estado respecto al naufragio .
Se trata de un dictamen del Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Lationamericano (INAyPL), a través del ministerio de Cultura, donde expresan que “no se encontró evidencia diagnóstica concluyente que permita confirmar que se trata de los restos de un buque, ya que en este caso cabría esperar encontrar una estructura característica correspondiente al casco de este tipo de embarcaciones”.
Además detallaron que los restos náufragos podrían ser de “algún tipo de plataforma flotante que cumplen funciones auxiliares en los puertos”, cuyo período de construcción y uso fue estimado “en la segunda mitad del siglo XX”.
Según E.P esto significa «un nuevo intento por no admitir que se trata de un submarino». Además trataron la posición del Estado como «insólita», recordando lo que dijeron las pericias profesionales convocadas por el propio grupo que afirmaron que los restos correspondían a un submarino cuyo casco ha sido deliberadamente explotado.
Critican además que el dictamen fue firmado por un arquitecto que analizó las filmaciones de Prefectura «sin la intervención de peritos o ingenieros navales, tal como es usual en este tipo de casos».
«Resulta significativo que en dicho informe se ignoren las imágenes correspondientes al periscopio de ataque del submarino, la torreta, la estructura de cubierta característica de esas unidades navales, así como las escotillas típicas de esas naves (detalles que sí están mencionados en las pericias efectuadas por los expertos)», agregaron.
Señalaron, respecto a la posible «plataforma flotante» que esgrimió el comunicado estatal, que la estructura del casco de un submarino -el naufragio descubierto tiene casi 80 metros de eslora por 6 de manga- «son abismales respecto a la de una supuesta plataforma flotante”.
Asimismo criticaron fuertemente el comunicado y expresaron que dicha postura «es funcional a una política de encubrimiento que comenzó el año pasado cuando el INAyPL prohibió a Eslabón Perdido filmar o realizar cualquier actividad relacionada a los restos náufragos encontrados, cercenando de este modo el derecho que la ley otorga a los descubridores de un naufragio».