Más allá de la fuertes declaraciones del intendente Arturo Rojas, que tiene como destinataria a la Usina popular Cooperativa. La Defensoría del Pueblo solícito a la OCEBA la intervención de la Usina Popular Cooperativa.

Esto lo confirmó el titular de al Delegación que funciona en nuestra ciduad, Luciano Cardoni

Le piden al OCEBA, que es el órgano de control, que intervenga para exigir a la Usina Popular Cooperativa el cumplimiento de la resolución 576 de la la Secretaría de Energía de la Nación.

Mediante esta normativa, las cooperativas están obligadas a refacturar a los usuarios que, por descuido o falta de información, quedaron encuadrados en la categoría 1, que es la de mayores ingresos, y hoy deben abonar entre 80 y 150 mil pesos por el servicio.

Por otra parte, tampoco se estaría cumpliendo con la ley de Zona Fría que obliga a refacturar también a los usuarios de energía eléctrica que no tengan accesos al servicio de gas natural por redes o gas propano.