viernes 21 de junio de 2024 - Edición Nº2819

Política | 25 ene 2024

PEDIDO AL GOBIERNO NACIONAL

El intendente Rojas advirtió sobre la posible derogación de la ley de zona fría: “Tienen que entender que hay diferentes realidades en cada región”

Su reclamo es acompañado por la nueva delegada de Quequén, Silvia Jensen, quien fue una de las autoras del proyecto que finalmente se transformó en la Ley 27.637, que favorece a más de 4 millones de usuarios del gas residencial por redes.


Ante la postura del Gobierno nacional de querer barrer cualquier tipo de beneficio que se parezca a un subsidio, y con ello desatendiendo las cuestiones particulares de cada caso y desoyendo al interior del país, el intendente vecinalista de Necochea, Arturo Rojas, plantó bandera y solicitó se revea la derogación de la Ley de Zonas Frías, que está incluida en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el Departamento Ejecutivo que encabeza Javier Milei.

Automáticamente, el jefe de la comuna fue respaldado en ese pedido por la delegada de Quequén, Silvia Jensen, quien fue una de las autoras del proyecto que finalmente se transformó en la Ley 27.637 que favorece a más de 4 millones de usuarios del gas residencial por redes.

Conocida la intención del Gobierno de reemplazar este esquema por una especie de “canasta básica energética” que tenga en cuenta el consumo en diferentes regiones del país, el intendente de Necochea explicó que “la normativa contempla a muchos lugares del interior que viven mucho tiempo con condiciones climáticas adversas” y que “realmente sería un retroceso” que se derogara.

“El Gobierno tiene que entender que hay muy diferentes realidades en cada región de nuestro territorio nacional” y que “quitar ese beneficio realmente produciría un tremendo impacto en la economía de cada familia de esta parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo si se suma al aumento que se espera del gas”, aseguró Rojas.

Por su parte, Jensen recordó: “Hemos repetido hasta el cansancio, cuando tratábamos de que la ley se trate y salga en nuestro distrito, que en estas zonas realmente hace frío y utilizamos la calefacción muchos meses al año, por eso se necesita tener una diferenciación, un descuento en el gas”.

“En nuestro caso, lo que se aprobó por Ley 27.637 es un descuento del 30 o el 50% en el servicio, dependiendo del ingreso, que abarca en la quita más alta a jubilados, pensionados o titulares de Asignación Universal por Hijo, entre otros”, especificó la referente del movimiento zonal que bregó por la conquista de este derecho. 

La delegada de Quequén quiso resaltar y calificó como “llamativo” que “el Estado no pone plata para la Zona Fría, porque se trata de un fideicomiso en el cual todos los habitantes de Argentina que tienen gas de red aportan a través de sus facturas para que los lugares más desfavorables con el clima tengan un descuento en su tarifa, porque realmente consumen mucho más, lo necesitan mucho más”.

Y ratificando los dichos del Intendente, cerró: “Es muy triste que se avance en algo que ni siquiera movería el amperímetro en términos de números al déficit que pretende bajar el Presidente de la Nación. Me parece que, simplemente, es una cuestión más ideológica del presidente de quitar derechos a los argentinos, entre ellos a los necochenses”.

Junto a otras de la región, las autoridades analizan la posibilidad de elevar un reclamo por vía judicial en el caso de que se efectivice esta derogación, y aseguran que “fue una lucha muy grande para lograr que más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires tengan hoy la Zona Fría, así como Mendoza, partes de San Luis, Jujuy o Salta. Somos muchísimas las provincias que obtuvimos este beneficio que ya tenían la zona patagónica y parte de La Pampa, y así como luchamos para que salga la Zona Fría, daremos todo para que no se quite”.

Vale destacar que el subsidio para bonificar el consumo de gas en zonas de bajas temperaturas, que hace dos años se extendió a varias localidades del centro del país, entre ellas el distrito de Necochea, utiliza recursos que surgen del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se financia con un recargo al resto de los hogares y no con un subsidio estatal, ni siquiera del prestador privado.

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