

En el documento, se destaca que la derogación de esta ley afectaría a numerosos distritos, incluyendo alrededor del 31% de los usuarios de gas por redes en la Provincia de Buenos Aires. Se argumenta que en el contexto actual de crisis y alta inflación, la eliminación de este derecho tendría un impacto significativo en los vecinos del distrito, especialmente durante los meses de invierno.
La Ley de Zona Fría, producto de un amplio consenso parlamentario, reconoce el derecho de los argentinos que viven en regiones de climas adversos a pagar una tarifa de gas justa y acorde a sus necesidades. Su posible anulación afectaría negativamente la economía local, así como a emprendedores y productores que dependen de este insumo.
El proyecto de resolución elevado por el interbloque de concejales propone expresar el rechazo a la derogación de la Ley de Zona Fría, instar a los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Nación a notificar a los diferentes bloques parlamentarios sobre esta postura, solicitar el acompañamiento del poder ejecutivo municipal y remitir copias a los consejos deliberantes de la provincia.