

Según datos proporcionados por la cooperativa, el barrio Villa Marítima Zabala ha sido especialmente afectado, con sesenta y nueve actas de fraude de energía y otras irregularidades relacionadas con la conexión ilegal a la red eléctrica entre 2022 y 2023. Este fenómeno no solo representa un peligro para la vida de los involucrados, sino también un perjuicio económico significativo para la comunidad.
"El robo de energía y cables no solo pone en peligro la vida de quienes lo llevan a cabo, sino que también afecta el funcionamiento adecuado de la red eléctrica y puede causar daños en los electrodomésticos de los vecinos", declaró un portavoz de la Usina Popular Cooperativa.
Además, la cooperativa enfatizó que el robo de energía es considerado un delito según el Código Penal, y aquellos que sean atrapados en el acto podrían enfrentar consecuencias legales graves.
La Usina Popular Cooperativa hace un llamado a la comunidad para que esté atenta y denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de energía y cables, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos y preservar la integridad de la red eléctrica local.