A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan una situación inédita: si el gobierno no dispone un aumento de las partidas y continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses podrían cerrar sus puertas.

Frente a ello, las autoridades al frente de las diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así visibilizan la gravedad de la situación. Por el momento, pese a los intentos individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron infructuosos.

Como si no hubiese inflación

Si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación que supera el 250 por ciento interanual, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza. En la cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. 
 

Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, explicó: “Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones con la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ellos se muestran comprensivos de nuestra situación, pero no pueden generar la sensibilidad en las áreas superiores que deciden sobre el presupuesto de todo el sector público y expresar el valor estratégico de la educación. Por ahora nos dicen que no hay plata”. 

Un dato a tener en cuenta es que el dinero que destina el Estado a las universidades nacionales solo corresponde al 2.6 por ciento del presupuesto total. Más allá de una situación a todas luces insostenible, el gobierno se mantiene firme y está dispuesto a cortar los canales de diálogo. (Página 12)