

La audiencia que culminó con este fallo se vio demorada debido a la tardanza de uno de los imputados, quien fue trasladado desde la cárcel de Batán para enfrentar su juicio. Una vez en el recinto de deliberaciones, los magistrados emitieron su dictamen, concluyendo un proceso legal que investigaba los hechos ocurridos durante un período de varios meses en el año 2020 en la mencionada localidad.
La madre del joven afectado fue quien denunció los abusos ante las autoridades, desencadenando así una investigación que culminó con la condena de los responsables. Este fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de abuso, reafirmando el compromiso del sistema judicial en la protección de los derechos y la seguridad de las personas con discapacidad.
Cabe mencionar que la Fiscalía Nº 10 especializada en delitos contra la integridad física de las personas había pedido duras penas de prisión. Durante el alegato final, el fiscal Walter Pierrestegui había solicitado 17 y 15 años respectivamente.
En contraposición, la Defensoría Oficial a cargo de Marcelo Ruiz, defensor del primero mencionado, solicitaba la absolución al considerar que durante el juicio no se habían acreditado los hechos.