En la madrugada de este lunes, fuerzas federales realizaron una serie de allanamientos en comedores populares y domicilios de dirigentes de organizaciones sociales. Los operativos, llevados a cabo con autos no identificados y con un despliegue de violencia, incluyeron el secuestro de celulares y otros dispositivos electrónicos. Las organizaciones afectadas han denunciado una escalada represiva y persecución política.

Denuncias de las Organizaciones Sociales

La Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas, Precarizados y de la Economía Social (FNT) denunció que se están llevando a cabo 27 allanamientos contra comedores populares y domicilios de dirigentes. "Han montado, con falsas denuncias, un esquema para avanzar en la criminalización de la organización social y popular", señalaron desde la FNT. Un referente de una de las organizaciones afectadas describió los allanamientos: "A eso de las 5 de la mañana fuimos allanadas distintas organizaciones sociales, nos rompieron la puerta, nos tiraron al suelo y nos encañonaron. Buscaban dispositivos electrónicos y nos mostraban su poder para amedrentarnos y evitar que sigamos organizándonos".

Reacciones del Gobierno

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, reivindicó los operativos en sus redes sociales, alegando que los allanamientos se realizaron en el marco de una causa judicial iniciada por la marcha del 20 de diciembre. Según la ministra, los imputados son 28 referentes barriales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que asistan a marchas y de vender alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios.

Declaraciones del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad sostuvo que los imputados son responsables de delitos graves, como extorsión y coacción. Las denuncias se realizaron a través de la Línea 134, y se recogieron 924 casos de personas que habrían sido coaccionadas. El comunicado de la ministra Bullrich afirmó: "Se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos ilícitos a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero".

Réplica de las Organizaciones Sociales

Las organizaciones sociales, en una conferencia de prensa, denunciaron la violencia de los procedimientos, muchos realizados de madrugada y en presencia de niños. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, contó que la policía desconectó las cámaras de seguridad al ingresar a su local en la Capital Federal para no dejar registro de sus acciones. Belliboni rechazó las acusaciones de extorsión, afirmando que los movimientos no tienen el poder de decidir la baja de un plan social y que reciben alimentos "a granel" y no dinero.

Rayo Alanís, abogada del Polo Obrero, sostuvo que la campaña del Ministerio de Seguridad es mediática y sin sustancia. "Los casos no son novecientos, sino doce, y no están probados", aseguró Alanís. Alejandro Gramajo, de la UTEP, agregó: "No tenemos duda de que nuestros compañeros son honestos y sacrificados, y que cada día tratan de construir un país más justo". Gramajo inscribió los allanamientos en una operación mediática del gobierno para atacar a quienes hacen visible la pobreza y la desigualdad.

Contexto Político y Judicial

La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita, quienes dispusieron los 27 allanamientos. Esta ofensiva se enmarca en una serie de medidas del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones sociales, como el cese de envío de alimentos a comedores comunitarios y la sustitución de programas de trabajo por asistenciales. Estas acciones se han acompañado de una campaña mediática para deslegitimar a los movimientos sociales, presentándolos como mafias manejadas por dirigentes corruptos.

Evidencias y Operativos

A pesar del secreto de sumario, se filtraron a los medios una serie de mensajes de WhatsApp de mujeres que pedían alimentos y que habrían sido sancionadas por no asistir a marchas. Según la fiscalía, estos casos son parte de un mecanismo convalidado por referentes de importancia.

Carlos Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), relató: "Vinieron a las cinco de la mañana, rompieron la puerta. Nos tiraron al suelo y nos encañonaron. Entraron de noche, cuando mis hijos estaban durmiendo". Fernández afirmó que los operativos fueron “desmedidos” y tenían el objetivo de “amedrentar a quienes son parte de las organizaciones sociales”.

Las organizaciones sociales denuncian que los allanamientos son parte de una campaña de difamación y persecución política por parte del gobierno. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sostiene que se trata de operativos legítimos en el marco de una investigación por delitos graves. El conflicto entre las organizaciones y el gobierno continúa escalando, en un contexto de creciente tensión social y político.