Una serie de allanamientos realizados por la Prefectura Naval Argentina en Necochea sacudieron la ciudad, revelando un operativo de grandes proporciones y dejando interrogantes sobre la presencia del narcotráfico y el lavado de activos en la zona. NDEN presenta más detalles sobre el impactante procedimiento y las acciones posteriores que marcaron un precedente en la lucha contra el crimen organizado en la región.

(La primera imágen que se conoció)

La semana pasada, Necochea fue sacudida por una serie de allanamientos coordinados por la Prefectura Naval Argentina, que arrojaron el hallazgo de una cifra asombrosa: mil trescientos millones de pesos. Este descubrimiento no solo impactó en la comunidad local, sino que generó especulaciones sobre la presencia del narcotráfico y el lavado de activos en la zona.

El fiscal Larrarte lleva más de tres años investigando presuntos delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes, y tras una semana de intensa actividad, la causa se encuentra en proceso. Según sus declaraciones a NDEN, ahora se aguarda la presentación de los defensores, mientras se evalúa la posibilidad de solicitar la prisión preventiva en el plazo de un mes.

Toda la evidencia incautada está siendo sometida a un exhaustivo análisis en búsqueda de pruebas para la casusa, y según lo confirmado por el fiscal Larrarte, los bienes confiscados, incluyendo oro, armas y vehículos, están bajo la custodia de la Justicia y las fuerzas de seguridad, mientras que el dinero se encuentra depositado en cuentas del Banco Provincia.

Por disposición de la Procuración General de Justicia de la Suprema Corte de Justicia, se han creado dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, para resguardar los activos confiscados. La fiscal general Analía Duarte informó a Ecos Diarios que estas cuentas están a nombre de la Procuración General de Justicia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con intervención del Tesoro General de la Provincia.

Las cuentas bancarias, alojadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, recibirán los fondos confiscados, los cuales serán destinados a la lucha contra el narcotráfico, la prevención y la rehabilitación de afectados por el consumo, según lo establece la ley. La disposición de los activos confiscados estará a cargo de la Provincia de Buenos Aires en aquellos casos que involucren su jurisdicción, concluyó Duarte.