Por: NICOLÁS SALAS

La desarticulación del programa Potenciar Trabajo, el congelamiento salarial y la baja de miles de planes, el vaciamiento de los comedores comunitarios y las distintas represiones a movilizaciones representan los estamentos de una estrategia gubernamental tendiente a desarticular definitivamente a los movimientos sociales. La judicializaciones masivas es otro capítulo más de esta película.

El lunes 13 de mayo se llevaron a cabo 27 allanamientos a dirigentes y delegadas barriales. Casi en simultáneo se puso en marcha una maquinaria mediática tendiente a estigmatizar a la militancia territorial y a sus organizaciones.

Ni por pericia, ni por casualidad, las noticias de los grandes medios de comunicación omitieron resaltar que el juez de la causa, Sebastián Casanello, había denegado el pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita de llevar a cabo dichos allanamientos. ¿El motivo? No había pruebas suficientes.

Imagen: Mauro Alfieri (La Nación).

El fiscal no se dio por vencido, apeló y su pedido recayó en la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, instancia compuesta por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, todos vinculados de una u otra forma al PRO. Estos, casi sin pestañar y sin justificativos, le dieron a Pollicitta el cheque en blanco que tanto pretendía.

Inmediatamente después de los procedimientos judiciales, caracterizados por una serie de irregularidades (como cortar los cables de las cámaras de filmación de uno de los locales allanados), los movimientos salieron a denunciar que lo sucedido se correspondía a la persecución desandada por el gobierno contra quienes venían denunciando sus políticas de ajuste, como era el caso del vaciamiento de los comedores comunitarios o el recorte del grueso de la política social correspondiente al Ministerio de Capital Humano.

Volviendo a la ruta política del proceso podemos ver dos hipótesis que solventan la tesis de las organizaciones. Por un lado, la desprolijidad de los oficios librados por el fiscal para librar los allanamientos (y justificados en el rechazo del juez), y por otro lado, los antecedentes de los mencionados funcionarios judiciales.

Organizaciones sociales protestaron el miércoles 29 de mayo frente a los galpones de Villa Martelli donde Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, retiene 5 millones de kilos de comida para los comedores populares. Imagen: Antonio Becerra (ANRed).

El rol de Pollicita es el más apuntado por quienes ven la mano de la política detrás la causa. No es para menos. El fiscal, junto a Stornelli, Montenegro (hoy intendente de Mar del Plata por el PRO) y Lijo, merodearon e integraron la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva creada por Mauricio Macri durante su gestión al frente de Boca Juniors. En esa sintonía, en 2012 afrontó un pedido de recusación en la causa que investigaba la existencia de una red de trata a cargo del exespía, Raúl Martins. La hija de este último lo señaló como amigo personal de su padre y del expresidente.

Yendo a los integrantes de la cámara porteña que le dieron lugar a la petición del fiscal, podemos recordar que tanto Bertuzzi como Bruglia fueron designados por sendos decretos presidenciales en 2018. Ambos junto a Llorens, conocido por sus visitas personales al entonces jefe de Estado en Olivos, sobreseyeron a Macri en la causa por espionaje a las familias del ARA San Juan siendo, además, los cobertores judiciales de los funcionarios de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

A su vez, la filtración de datos del expediente judicial a medios de comunicación en momentos en que regía el secreto de sumario acrecentó las sospechas de estos vínculos. La situación derivó en planteos formales dentro de la misma causa respecto a la difusión de información a la prensa antes de que sea comunicada por el juzgado. No casualmente quienes recibieron tal información era empresas de comunicación cuya línea editorial acompaña las decisiones del gobierno, como son el caso de La Nación +, Clarín e Infobae.

Organizaciones sociales protestaron el miércoles 29 de mayo frente a los galpones de Villa Martelli donde Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, retiene 5 millones de kilos de comida para los comedores populares. Foto: Coordinadora por el Cambio Social.

La jugada mediática quedó a la vista. En más de una oportunidad se manipuló la información que se desprendía de los allanamientos, como sucedió con el caso de María Isolda Dotti, militante del Polo Obrero, a la que se la acusó de tener 54 mil dólares provenientes de una presunta recaudación ilegal cuando en realidad era dinero de una herencia, documentada y confirmada por los mismos policías que ingresaron a su casa. En la misma sintonía, se publicaron notas que aseguraban la existencia de tarjetas de planes sociales en poder de militantes cuando en realidad eran tarjetas de uso personal, cuestión también constatada por los efectivos de las fuerzas de seguridad. Así pueden enumerarse decenas de falsedades reproducidas en las horas posteriores a los acontecimientos del lunes 13 de mayo.

No casualmente, el mismo día se conocía una denuncia por “aprietes” a uno de los secretarios de la CGT, Carlos Acuña, que se sumaban, de esta forma, a otras contra Pablo Moyano y otros dirigentes sindicales, que venían confrontando de una u otra forma con el ejecutivo nacional. En los días posteriores se incorporaron a la agenda mediática otro tipo de causas y denuncias contra dirigentes de la UTEP y otras organizaciones, mostrando el carácter general de la ofensiva.

El salto y aceleramiento de la ofensiva

Imposible pensar esta causa sin el contexto político y social en la que se desenvuelve. Varios analistas (de diversas inclinaciones ideológicas) coinciden en lo precario del plan económico del ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, nadie cree en el superávit financiero anunciado por Javier Milei. Postergar pagos o generar mayor deuda no necesariamente es generar equilibrio en la macro.

En paralelo, la motosierra hasta ahora solo ha dejado más pobres. Para el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza escaló al 55%, mientras que la indigencia se duplicó, llegando al 18% de la población, cifras similares a las del 2002, el peor registro de la democracia. Para peor, la industria cayó un 21,2% en marzo y la construcción, motor del empleo en los grandes conglomeradores urbanos, un 42,2%. El retardo de algunos de los tarifazos anunciados por el gobierno representan el temor a estallidos futuro, aunque no dejan de ser una aspirineta para una enfermedad terminal.

Mujeres que trabajan en comedores comunitarios protestan en Buenos Aires, el 5 de enero de 2024. Imagen: Natacha Pisarenko (AP).

En el medio, se mantienen las peleas internas en la coalición de gobierno, renuncian ministros y el jefe de Estado abre conflictos diplomáticos por doquier. Si bien el desguace y desmembramiento del Estado puede tener cierta efectividad, y más aún con la potencial aprobación de la Ley Bases, hasta ahora no se ven éxitos estructurales que den aliento a una gobernabilidad de largo plazo.

La pueblada estatal en Misiones y su posible efecto dominó, producto de la guerra fiscal con las provincias, pone en alerta a cualquier desprevenido que subestime el carácter centrípeto y semi espontáneo que caracteriza a las grandes revueltas que han tenido lugar en la historia el país.

En este marco, cualquier llama que amenace la pradera es una amenaza directa contra el gobierno. Sean sindicatos, universidades o movimientos sociales. Sobre estos últimos, han cargado gran parte de las fichas. Más allá de los movimientos, lo que se persigue es la desestructuración definitiva de la organización comunitaria que, ante la falta de presencia estatal, se han dados los sectores más empobrecidos de este país en casi tres décadas de existencia.

Lo primero que debe hacer el gobierno para lograr su cometido final es aislar completamente a las organizaciones de la sociedad, situación que venía bloqueada a partir del debate en torno al hambre y la pobreza que venían impulsando los movimientos.

Como afirmábamos en El gobierno y una ofensiva histórica contra los movimientos sociales, el objetivo final es desarticular definitivamente a las organizaciones, protagonistas de la resistencia contra las aspiraciones “anarco-libertarias”. Para ello, necesitan acompasar los cuatro vectores de una misma estrategia: el político, el mediático, el represivo y el judicial.