

Rebeca Sánchez, abogada de un grupo de damnificados cuyas denuncias se han multiplicado, explicó que los afectados han pagado montos que oscilan entre los 2 y los 16 millones de pesos argentinos, pero nunca recibieron las viviendas prometidas. Esta situación ha llevado a numerosas familias a presentar denuncias formales y manifestaciones públicas contra la constructora.
En respuesta a las acusaciones, el abogado defensor de la empresa, Martín Ferrá, ha argumentado que los incumplimientos contractuales se deben a la grave crisis económica que azotó al país en 2023, provocando aumentos significativos en los costos de construcción y materiales.
El fiscal Juan Pablo Lódola ha iniciado una investigación por "estafas en cadena" y ha ordenado la inhibición de las cuentas bancarias de los acusados como medida precautoria. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan una situación desesperante, sin respuestas claras ni soluciones habitacionales.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas comerciales fraudulentas y plantea interrogantes sobre la regulación y protección de los derechos de los compradores en transacciones inmobiliarias, en un contexto de creciente inquietud y exigencia de justicia por parte de los afectados.