La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha anunciado una posible medida de fuerza para los próximos jueves 22 y viernes 23 de agosto, con una interrupción total de los servicios urbanos, interurbanos y rurales. Esta decisión se tomaría si no se llega a un acuerdo con las empresas responsables del transporte. Sin embargo, Mateo Gonzalia, delegado de la UTA en Necochea, confirmó a NDEN Noticias que, a diferencia de otras localidades, en Necochea el servicio de colectivos se mantendrá operativo.

Gonzalia explicó que la situación en Necochea es distinta debido a que los salarios se están pagando en tiempo y forma. Además, la empresa de transporte local ha acordado abonar los sueldos de acuerdo con las paritarias establecidas. Esta información contrasta con el panorama nacional, donde el gremio ha reportado dificultades en el pago de salarios y el mantenimiento del servicio en varias ciudades del interior del país.

A nivel nacional, el conflicto surge en medio de un contexto crítico para el sector del transporte, caracterizado por tarifas inadecuadas, subsidios insuficientes y un aumento en los costos operativos. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) ha señalado que la eliminación de los subsidios para el transporte público por parte del Gobierno nacional ha tenido un impacto significativo, tanto en el costo del boleto como en los gastos que deben enfrentar las empresas.

Roberto Fernández, secretario general de UTA a nivel nacional, se refirió a la idea de que las provincias y municipios asuman la financiación del transporte público y fue categórico al respecto: "No admitiremos maniobras que pretendan corregir el desfasaje económico a través de la pérdida de salarios o derechos de los trabajadores", sentenció. Fernández también aclaró que la convocatoria al paro se debe a la falta de acuerdos en algunas provincias y municipios, aunque destacó que en varias jurisdicciones se ha logrado alcanzar un consenso.

Mientras tanto, este miércoles 21 de agosto, el gremio se reunirá con las cámaras empresariales y el Ministerio de Capital Humano para intentar resolver el conflicto y alcanzar un acuerdo salarial.