

Este avance marca un paso adelantr en la relación entre el municipio y la UPC, una entidad con profundas raíces en la comunidad local, que ahora deberá decidir si acepta la prórroga. Para que esto ocurra, el Consejo de Administración de la cooperativa tiene un plazo de cinco días para evaluar y ratificar el acuerdo.
Sin embargo, no todo es celebración, ya que el gerente general de la UPC, Alejandro Issin, adelantó que la aceptación del convenio podría depender del pago de una deuda que el municipio mantiene con la entidad.
Esto añade un matiz de tensión a lo que de otro modo sería un claro avance en la estabilidad del suministro eléctrico de la ciudad.
El convenio ahora espera la promulgación del intendente Arturo Rojas, quien deberá gestionar esta delicada situación para garantizar que el servicio se mantenga sin interrupciones y que las partes lleguen a un acuerdo que beneficie a la comunidad en su conjunto.