

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha suspendido la aplicación de la Resolución 267/2024 en Pilar, mientras se resuelve la cuestión de fondo. Esta decisión no solo representa un alivio para la gestión de Federico Achaval, sino que también refuerza el argumento de que la medida podría desfinanciar a los gobiernos locales.
La controversia estalló rápidamente en la Provincia de Buenos Aires, donde los intendentes denunciaron que la resolución afectaría gravemente las arcas municipales. En respuesta, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (Oceba) emitió un comunicado alertando sobre una posible ola de amparos judiciales por parte de otros municipios.
El fallo del juez González Charvay destaca que la medida cautelar no afecta el erario público nacional y señala que la resolución original "no ha medido las consecuencias" que podría tener sobre derechos fundamentales como la salud y la integridad física. Además, el juez pidió informes al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Industria y Comercio en un plazo de cinco días.
Esta decisión se suma a un contexto en el que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ha alineado con los intendentes, argumentando que la resolución nacional busca despojar a los municipios de herramientas necesarias para mantener la cobrabilidad de tasas.
Cabe recordar que durante la gestión de María Eugenia Vidal, se había prohibido previamente la inclusión de impuestos locales en las boletas de luz, una decisión que ya había impactado negativamente en la gestión de varios municipios.
El fallo en Pilar se erige como un primer paso en la defensa de la autonomía municipal y un posible cambio en la dinámica de poder entre los gobiernos locales y nacionales. ¿Qué otros municipios seguirán este camino? La batalla legal podría estar lejos de terminar.