Por: Lucila Merzario

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, establecido en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Esta fecha se ha convertido en un llamado a los gobiernos para garantizar el acceso a este derecho fundamental. Los abortos inseguros representan el 10% de las muertes maternas a nivel mundial, con más de 40,000 mujeres fallecidas anualmente, en su mayoría en países donde la práctica está prohibida.

Argentina dio un paso significativo al aprobar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 30 de diciembre de 2020. Sin embargo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, se ha puesto en duda esta conquista. El gobierno libertario ha intentado derogar la ley democráticamente votada. Tras la falta de apoyo a su primer proyecto, optó por desfinanciarla, incumpliendo así la obligación estatal de garantizar el acceso al aborto legal.

El presidente Milei ha sido claro en su postura: para él, el aborto es “un asesinato agravado por el vínculo”. En medio de un contexto de baja natalidad, ha llamado a “abrazar las ideas de la libertad”, argumentando que un aumento de la población contribuye al crecimiento económico. Sin embargo, su enfoque parece centrarse en la necesidad de mano de obra, sin que él mismo aporte a la causa, ya que no tiene hijos ni él ni su hermana Karina. 

Este discurso se contradice con la realidad de muchas mujeres en Argentina. La falta de apoyo a la Educación Sexual Integral y la desfinanciación del Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazos en adolescentes, revela una política que prioriza el control sobre el cuerpo de las mujeres. Como se observa, las víctimas de abortos clandestinos suelen ser mujeres en situación de pobreza.

Milei repite que “no hay plata” para estas iniciativas. Sin embargo, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha indicado que el Plan ENIA podría ahorrar al Estado alrededor de 140 millones de dólares anuales, al considerar los costos asociados a la atención de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes.

La visión de Milei, quien ha declarado que “la justicia social es una aberración”, se refleja en el aumento del índice de pobreza, que ha alcanzado el 53% bajo su gobierno, afectando principalmente a la infancia, el sector más vulnerable de la población.

El peligro de los gobiernos de derecha

La situación actual también pone de relieve los peligros que representan los gobiernos de derecha, como el de Milei, que a menudo atentan contra las libertades individuales. Al restringir el acceso a derechos sexuales y reproductivos y a su vez promover políticas que desatienden las necesidades de las mujeres, se corre el riesgo de reforzar estructuras de desigualdad y violencia. Esta ironía es palpable: mientras se promueven discursos sobre la "libertad", en la práctica se limita la autonomía de aquellos sectores más vulnerables, que son los que más necesitan apoyo y protección.

Avances positivos en el derecho al aborto

A pesar de estos desafíos, el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos ha logrado importantes avances a nivel global. En muchos países, como Uruguay, Canadá y varios estados de EE.UU., se han implementado leyes que garantizan el acceso al aborto seguro y legal. En Argentina, la legalización del aborto ha permitido una disminución en las muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, promoviendo una mayor atención a la salud reproductiva de las mujeres. Estos progresos reflejan un cambio en la percepción social sobre los derechos de las mujeres, resaltando la importancia de continuar luchando por la igualdad y el acceso a servicios de salud adecuados.