La presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, propuso una prórroga de un año para la concesión de Terminal Quequén S.A., ante la avazada de algunos directores que pretendían seguir pateando el tablero. A raíz de esto a quedado expuesto una feroz lucha de intereses que podría redefinir la agroexportación en la región o seguir sosteniendo el esquema de poder. 

Desde su concesión en 1992, el elevador de granos de Puerto Quequén ha estado bajo el control de Terminal Quequén S.A., formada por gigantes agroexportadores como Viterra, Cofco, Bunge, y entidades como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina. Este negocio, que genera alrededor de 8 millones de dólares anuales, y maneja parte de los 7,5 millones de toneladas de cereal al año exportados desde Puerto Quequén, representando el 7% de las agroexportaciones del país. Sin embargo, la expiración de su concesión ha desencadenado una batalla que involucra no solo intereses económicos, sino también políticos y sociales.

El jueves, Jimena López propuso prorrogar la concesión por un año, buscando así tiempo para preparar una licitación que ofrezca "certidumbre y seguridad jurídica a los exportadores". Sin embargo, esta decisión responde a los intentos del directorio de obtener una extensión de tres años, lo que podría evitar una licitación antes de las elecciones provinciales de 2027.

A su vez indicó que “las sucesiones de las prórrogas lo único que hacen es generar que todos los años se repita un contexto de altísimo nivel de incertidumbre, para los trabajadores que son el motor de la terminal y para el sector, debido a que es un trabajo calendarizado que necesita previsibilidad”.

Finalmente reforzó la idea de que “el eje de la transparencia está dado por una licitación en donde todos los oferentes puedan competir libremente que es una estructura que el sector demanda hace muchos años”.
 

El directorio del consorcio, conformado por nueve miembros, incluye representantes que tienen vínculos con las entidades agroexportadoras. El actual directorio está compuesto por los directores: Mariano Daniel Carrillo, director (representando al Sector Gremial); Alejandro Pedro Gallego, director (representando a Ciara); Luis Gustavo Gavilán, director (representando al Sector Gremial); Juan Arnoldo Ouwerkerk, director (representando a Coninagro); Juan Franco Mancinelli, director (representando al Centro de Navegación); Daniel Arce, director (representando a la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén); Edgardo Felipe Mancino, director (representando a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas Necochea Quequén) y Juan Carlos Peralta director (representando a la Municipalidad de Necochea).

Entre los directores en la mira están Daniel Arce, quien tiene un pie en el directorio y en la empresa concesionaria, y Alejandro Gallegos, director de Relaciones Institucionales de Viterra. Estas dualidades plantean serias dudas sobre la transparencia del proceso.

La tensión interna se acentúa con el intento del directorio de desplazar al gerente general, Fernando Ciancaglini, respaldado por el intendente de Necochea, Arturo Rojas. Las fricciones entre estos actores complican la gobernabilidad del consorcio y revelan un sistema donde los intereses personales superan el bienestar colectivo.

El gobierno de Kicillof ha propuesto incluir una cláusula de "reserva de carga" en la nueva licitación, lo que asegura un porcentaje de capacidad de almacenamiento para pequeños productores. Esta medida busca equilibrar el monopolio de las grandes cerealeras, pero ha encontrado resistencia. La Mesa de Enlace ha criticado esta propuesta, alegando que afectaría la competitividad del sector, mientras organizaciones de pequeños productores la respaldan.

La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén ha denunciado múltiples irregularidades de Terminal Quequén S.A. (TQSA), destacando el incumplimiento de su contrato original, que estipulaba el pago de un canon en dólares. Tras la crisis de 2002, la empresa ha utilizado lagunas legales para abonar tarifas en pesos devaluados, reduciendo así los ingresos para la provincia. Además, TQSA ha concentrado sus servicios en grandes corporaciones, dejando de lado a las pequeñas exportadoras, lo que ha generado un entorno desventajoso para estos actores. Las inversiones prometidas no se han materializado, mientras que la creación de una empresa de transporte propia ha monopolizado el sector, perjudicando a otros proveedores. Su actividad también ha tenido consecuencias negativas en la salud pública y la infraestructura de Necochea, provocando un deterioro ambiental alarmante. Por último, la Asamblea acusa a TQSA de especulación financiera y evasión fiscal, indicando que desvían capitales hacia prácticas cuestionables que socavan la economía local.

López ha sugerido la intervención de un estudio jurídico externo para garantizar la transparencia en la licitación, pero este enfoque genera escepticismo en un sector acostumbrado a las prácticas opacas. Mientras, el gobierno busca posicionarse como un mediador, aunque las acusaciones de favoritismo hacia grandes empresas persisten.

Este conflicto también refleja una compleja red de relaciones políticas. La oposición, así como la Mesa de Enlace, ha elevado su voz en contra de Kicillof, acusándolo de "estatismo" y "chavismo". Sin embargo, la presión sobre el gobierno proviene de todas partes, ya que el ajuste fiscal y la necesidad de financiamiento provincial compelen a Kicillof a encontrar soluciones en el ámbito agroexportador.

La prórroga propuesta por López podría estabilizar la situación, siempre y cuando se comience a trabajar realmente en el pliego a licitar aunque en caso de seguir dilatandose también terminaría de beneficiar a Terminal Quequén S.A. y a sus aliados en el directorio. Con la licitación a la vista, las estrategias de cada actor definirán el rumbo de la agroexportación en la región.

La lucha en Puerto Quequén no solo involucra quién gestionará el elevador de granos, sino que representa tensiones más amplias en la agroindustria argentina. A medida que se aproxima la decisión sobre la prórroga y la licitación, la pregunta persiste: ¿se logrará una gestión que equilibre los intereses de grandes empresas y pequeños productores, o el statu quo prevalecerá una vez más? La respuesta a esta interrogante tendrá repercusiones significativas en la economía local y nacional.