El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el gobierno de La Libertad Avanza ha generado preocupación en el ámbito de la salud pública al prever una drástica reducción de los fondos destinados a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Desde abril, los hospitales públicos han enfrentado una crítica escasez de medicamentos y reactivos, lo que ha llevado a un deterioro en la atención de las personas que viven con estas condiciones.

Según denuncias del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, el presupuesto de 2025 para la mencionada dirección es de apenas 23 millones de pesos, lo que representa un incremento irrisorio de solo dos millones respecto al año anterior. Este aumento resulta insignificante en un contexto de inflación interanual del 236%. Al calcular el presupuesto en dólares, el desfinanciamiento asciende a un alarmante 76%.

"Esto va a significar que la salud de muchas personas, por no tener acceso a su medicación, se deteriore", advierte José María Di Bello de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP). La falta de acceso a tratamientos adecuados puede llevar a un incremento de enfermedades oportunistas y, en última instancia, a un aumento en la mortalidad.

El recorte también afecta al Programa 22, que se encarga de combatir el VIH y otras ITS, y proporciona medicamentos antirretrovirales a personas sin cobertura social. Este programa es vital para el diagnóstico, la atención médica, la entrega de preservativos y el seguimiento de los tratamientos.

En un comunicado reciente, el Frente Nacional alertó sobre la grave reducción de fondos para políticas públicas de salud, indicando que el proyecto de presupuesto no permitirá la adquisición de medicamentos ni insumos básicos. La escasez de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, cruciales para el monitoreo de la salud de los pacientes, ya es un problema en varios hospitales del país.

 

 

 

 

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El presupuesto para el Programa 22 ha crecido solo un 8,51% en comparación con 2023, mientras que la inflación ha sido del 209%. De ser aprobado, el porcentaje del Programa en el presupuesto total de salud pública descendería drásticamente, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.

Organizaciones sociales y activistas han expresado su rechazo a esta medida, haciendo un llamado a los legisladores para que amplíen las partidas destinadas a la salud pública y garanticen el acceso a los tratamientos. "La vida no puede esperar", concluyen, enfatizando la urgencia de la situación.

 

 

 

 

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