La situación en torno al uso del edificio ubicado en Avenida 58 y 51, en Necochea, que alberga al Instituto Río Quequén, sigue generando controversias. Este espacio, de propiedad de la Provincia de Buenos Aires, ha sido utilizado por más de 20 años por la institución educativa, pero desde hace algunos meses se encuentra en el centro de un conflicto entre la Asociación Río Quequén y las autoridades educativas provinciales, regionales y locales. 

El miércoles pasado, concejales locales recibieron a las autoridades del Consejo Escolar para escuchar su versión de los hechos y esclarecer cómo se llegó a la situación actual. En el encuentro, se destacó la postura de Gonzalo Diez, concejal de la UCR, quien no dudó en cuestionar el manejo del tema por parte de la Jefatura Regional de Educación, a cargo de Ana Lidia Marincevic.

En plena comisión, Diez explicó que las consejeras escolares “reconocen que hubo inconvenientes en cuanto al proceso de cómo se dio” el traspaso de la propiedad, aunque también indicó que “dudo en términos de cómo está planteado, que eso genere más dificultades que soluciones”. En su opinión, el conflicto podría haberse evitado y debería haber sido resuelto por la Provincia de Buenos Aires, ya que “la solución tiene que ser garantizada por la provincia de Buenos Aires y sí hay un espacio de convivencia debe estar muy bien demarcado”.

Diez también expresó que, en su opinión, la responsabilidad de la situación recae en Marincevic y la Jefatura Regional: “Acá la responsabilidad es de la Jefatura Regional, que me parece que hizo mal las cosas, que en vez de encontrar soluciones, generó conflictos”, subrayó.

Desde el Consejo Escolar, las consejeras Paula Arguello, Jessica Arce y Sandra Rodríguez ofrecieron su versión de los hechos. Paula Arguello, presidenta del Consejo Escolar, explicó a NDEN: “Queríamos presentarnos para que nos hicieran preguntas sobre las dudas de cómo venimos trabajando sobre la situación del Instituto Río Quequén, quien tenía firmado un convenio de uso precario sobre la propiedad.” Además, Arguello detalló que, en 2023, se generó un expediente solicitando el predio para la Escuela Secundaria N° 17, que lleva años necesitando un espacio para funcionar.

“Nosotros el 15 de julio recibimos la notificación vía GEDEBA que nos informaron que el predio era de la Dirección General de Cultura y Educación y ahí comenzamos las reuniones con el Río Quequén desde el día uno intentando coexistir”, agregó Arguello.

Por su parte, Jessica Arce aclaró que la intención del Consejo Escolar nunca fue desalojar al Instituto Río Quequén. “La intención principal nuestra como consejeros es primero contar todo el recorrido desde julio hasta esta parte. No hay una instancia previa nuestra sobre este edificio, sí desde Jefatura Regional de pedir ese espacio para la Secundaria 17”, comentó Arce. A su vez, destacó que “la provincia en ningún momento quiere desalojar a la Asociación Río Quequén que está ahí”.

Sin embargo, Arce reconoció que las instancias de diálogo se cortaron, y añadió: “Lo que sí es importante decir es que lamentablemente las instancias de diálogo se cortaron, entendemos la resistencia por parte de quienes durante 25 años estuvieron ahí, pero también es importante decir que nosotros necesitamos espacios, que eso es del Estado y necesitamos para poder ubicar en mejores condiciones educativas a diferentes instituciones”.

En la misma línea, Sandra Rodríguez explicó que la situación comenzó a complicarse cuando el 15 de julio recibieron la noticia de que el edificio debía ser desocupado si no se cumplía con el convenio de comodato antes de fin de año. “De repente fue el 15 de julio cuando conocimos la noticia por medio del expediente que debíamos como entidad llegar a un desalojo si es que no se cumplía con un convenio de comodato hasta fin de año”, explicó Rodríguez a NDEN.

Arguello también destacó que, aunque la situación era compleja, los consejeros coincidieron en que “nadie durante 25 años hace una inversión en un lugar que sabe que lo va a perder, pero sí también es verdad que durante 25 años nunca hicieron algo para hacerse de los papeles, quedaron esperando que pasara el título a nombre de ellos”. En ese sentido, mencionó que la liquidación de la ex ESEBA fue en 2003, y aunque firmaron el convenio en 2001, no reclamaron el título de propiedad cuando la liquidación fue finalizada.

Además, Arce y Rodríguez coincidieron en que no hay dudas de que la titularidad es de la provincia pero que pretenden cuidar la oferta académica privada. “No avanzamos con el desalojo porque todos los espacios políticos que integran el Consejo Escolar acordamos en que no queremos que salga la oferta privada de ese lugar, para nosotros es importante que esa oferta se sostenga en el distrito”, enfatizó Arce.

Arguello destacó que la necesidad de un espacio para la Secundaria 17 es urgente, pero también reconoció la importancia de que el Instituto Río Quequén siga funcionando en el mismo lugar. “Coincidimos en la necesidad de firmar un convenio que permita coexistir, aunque en el punto del desalojo no hubo acuerdos. Apelamos a que los encuentros sirvan para retomar el diálogo”, concluyeron las tres consejeras.

Según expresaron “ellos (Autoridades del Instituto Río Quequén) quieren que en toda la otra parte que ellos no invirtieron ni pusieron en condiciones, la provincia podría invertir y hacer uso de esas instalaciones” señala Arce.

“Hemos trabajado mucho en este tema, desde el consejo escolar, nos anoticiamos desde un expediente de GEBEBA, y que si bien las jefaturas tanto distrital como regional nos decían en ese momento que estaba próximo a que el espacio que creíamos que era el que estaba en desuso iba a formar parte la secundaria 17 y de algunas otras instituciones. Marcaban ese sector, para nosotros fue una sorpresa total que sea otro sector (el que hace uso el Instituto Río Quequén). Nos llenó de sorpresa que alguien que trabaja hace años con nosotras, Ana Lidia Marincevic, no haya comunicado realmente cual era el propósito con todo el edificio” concluyó Sandra Rodríguez.