

Ante la polémica, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió un comunicado en el que aclaró que el uso de esa terminología fue un "error" y que no existió "ninguna intención discriminatoria". El organismo detalló que esos términos habían sido utilizados en el pasado en la medicina psiquiátrica, pero que fueron desechados debido a su connotación peyorativa. A pesar de la corrección, la Andis aseguró que la modificación no afectará los criterios de evaluación establecidos en la resolución.
Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó su indignación: "Es una barbaridad. Esta terminología se usaba en los inicios de la psiquiatría, antes de la medición del coeficiente intelectual (CI). Es un lenguaje peyorativo y estigmatizante que no tiene cabida en el siglo XXI". Maidana también destacó que la Andis, siendo el organismo responsable de velar por los derechos de las personas con discapacidad, no debería haber aprobado un documento con términos tan obsoletos y ofensivos.
Por su parte, el abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain, también condenó la medida: "El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Es una barbaridad que viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es completamente inaceptable que se publique algo así en el Boletín Oficial".
La polémica también llegó a las organizaciones que agrupan a los padres de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Paulo Morales, de TEActiva, criticó al Gobierno por "improvisar" en el Boletín Oficial sin consultar con los expertos: "Es un error grave. Argentina cuenta con profesionales que deberían ser consultados antes de cometer bochornos que trascienden fronteras".
Morales también subrayó el cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad: "Hace tiempo que se abandonó la visión médica de la discapacidad para adoptar una concepción social. No es un problema de la persona, sino de la sociedad y su compromiso de hacerlo accesible a todos".
A pesar de la corrección oficial, el daño causado por el uso de estos términos sigue generando una fuerte reacción en la sociedad, que exige un enfoque más respetuoso y apropiado para referirse a las personas con discapacidad.