En las últimas horas, un medio local criticó el accionar de la justicia en relación al allanamiento de un taller clandestino de motos robadas, calificando el hecho como “vergonzoso” y señalando la falta de detención de todos los involucrados. En respuesta, la jueza Aída Lhez y el fiscal Carlos Larrarte brindaron su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con NdeN Noticias.

En el operativo participaron agentes de la DDI Necochea, bajo la supervisión del fiscal Carlos Larrarte, quien solicitó la detención de Ledesma, único implicado que, según Larrarte, presentaba indicios de encubrimiento agravado. La jueza de garantías Aida Lhez rechazó la solicitud de detención de Ledesma, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por otro delito pero a cargo de otro juez de ejecución 2 de marzo del plata el Dr. Galarreta. En cuanto a los otros dos detenidos, Palacios y Durruti García, nunca se solicitó su detención por parte de la fiscalía, por lo que quedaron en libertad mientras esperan el juicio. Sin embargo, algunos medios locales malinformaron sobre el hecho, apuntando a que habían cometido un "papelón".

La crítica, que surgió tras el operativo donde se secuestraron más de 20 motocicletas, cuatro de ellas con pedido de captura, se centró en la decisión judicial de no ordenar la detención de todos los apresados. En particular, uno de los detenidos, quien ya cumplía arresto domiciliario por otro delito, fue objeto de controversia.

Aída Lhez, jueza de garantías, lamentó públicamente que se publicara información sin ser debidamente corroborada, un hecho que calificó como "lamentable". En su explicación, Lhez destacó que, en el caso específico de este allanamiento, la fiscalía solicitó la detención únicamente del hombre que cumplía arresto domiciliario, y no de los otros dos detenidos. “Yo no resuelvo esas dos, porque la fiscalía no lo pidió. En cuanto a Ledesma, declaró que las motos las había recibido para arreglarlas, lo que debe investigarse”, explicó la jueza, quien además detalló que el detenido ya estaba a disposición de un juez de ejecución en Mar del Plata por otro proceso relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Por su parte, el fiscal Carlos Larrarte también dio su visión del caso. En conversación con este medio, aclaró que él solo solicitó la detención de Ledesma, ya que existían elementos que apuntaban a un encubrimiento agravado, debido a que el imputado operaba un taller donde se recibían motos robadas para su desarme y posterior venta. Larrarte señaló que las otras dos detenciones no fueron solicitadas por la fiscalía, ya que, en su opinión, su accionar podría ser considerado un encubrimiento aislado. Sin embargo, reconoció que la justicia de garantías y la fiscalía no siempre coinciden en la resolución de ciertos casos. "Para mí la detención de Ledesma estaba justificada, pero no coincidimos en la evaluación de los hechos con la jueza", explicó el fiscal.

La entrevista con los actores judiciales también incluyó un comentario de Larrarte acerca de la falta de coincidencia entre las decisiones de la fiscalía y la justicia de garantías. El fiscal reconoció que en muchos casos no hay acuerdo, ya que la justicia de garantías no siempre considera que las situaciones ameritan la detención de todos los imputados. "A veces creemos que la detención es necesaria, pero los jueces consideran que no está justificada", apuntó Larrarte.

El operativo, realizado por la DDI Necochea, dejó como saldo la incautación de más de 20 motocicletas, algunas con pedido de captura, y varias piezas de repuestos que se utilizarían para armar otras motocicletas. Además, se secuestraron herramientas y equipos de telefonía celular que serán analizados para intentar rastrear más elementos relacionados con los robos.

Las críticas sobre la inseguridad en Necochea siguen siendo un tema candente, con robos de vehículos, motos y viviendas en aumento. En un contexto donde se registraron entre tres y seis robos diarios durante el verano, el operativo llevado a cabo por la DDI Necochea fue presentado como un avance significativo en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, algunos medios locales, al agitar el operativo, dirigieron sus críticas hacia la justicia, poniendo en duda la efectividad de las resoluciones judiciales, y obviando en gran medida la gravedad de la inseguridad que afecta a la comunidad.

En este escenario, las críticas recaen sobre todos los actores involucrados: desde las autoridades municipales hasta la policía y la justicia. Mientras tanto, la inseguridad sigue golpeando a Necochea, y la sensación de desprotección crece entre los vecinos, que esperan respuestas más contundentes ante la violencia y los delitos cotidianos que azotan al distrito.