El miércoles 12 de marzo de 2025 se vivió una jornada histórica de violencia y represión en las inmediaciones del Congreso Nacional. La movilización, compuesta por jubilados, gremios y movimientos sociales que pedían el aumento de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos del PAMI, terminó con una feroz represión por parte de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, que dejó múltiples heridos, detenidos y acusaciones de infiltrados que trataron de generar caos en la protesta.

La represión: agresión a jubilados y periodistas
Los hechos más graves ocurrieron cuando el fotógrafo independiente Pablo Grillo, de 35 años, fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía, el cual impactó directamente en su cabeza. Grillo sufrió fracturas de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que fue operado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. Su estado sigue siendo crítico, y su familia ha pedido a la comunidad que se mantenga en alerta. Grillo estaba cubriendo la manifestación y documentando la represión cuando fue atacado.

Otro incidente que conmocionó a los presentes fue la agresión a Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años que participaba pacíficamente de la marcha. Un video grabado por manifestantes muestra cómo un policía empuja a Blanco sin razón aparente, lo que provoca que caiga violentamente al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Afortunadamente, fue asistida rápidamente, pero la escena de violencia hacia una mujer mayor dejó una huella profunda en la sociedad.

Acusaciones de infiltrados y el intento de “plantar un arma”
Uno de los momentos más escandalosos de la jornada ocurrió cuando, en pleno operativo represivo, un efectivo de la Policía fue captado en vivo por la señal de C5N mientras intentaba "plantar un arma" en la Plaza de Mayo, cerca del Congreso. El agente se mostró aparentemente manipulando un objeto que, según algunos testigos, fue colocado de manera sospechosa en el lugar, para dar la impresión de que los manifestantes portaban armas. Este hecho fue rápidamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que aumentó las sospechas de que la violencia fuera fomentada por sectores infiltrados con el fin de justificar la represión.

La policía de Bullrich "planta un arma" en medio de la manifestación

Mientras avanzaba la represión contra los y las manifestantes, se puede observar como un efectivo de la PFA "planta un arma" en el suelo. pic.twitter.com/yHTKIP9d6V

— ANRed #30Años (@Red__Accion) March 12, 2025

El patrullero abandonado, también registrado en las imágenes, apareció prendido fuego minutos después del incidente, alimentando más dudas sobre el comportamiento de ciertos actores dentro de la Policía. Además, se encontraron montículos de tosca cerca del Congreso, lo que algunos expertos y activistas señalaron como una táctica para "provocar" disturbios y justificar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Mirá vos che la policía se olvidó un patrullero abierto sin nadie adentro. Sería una casualidad que alguien lo prenda fuego y les sirva a su discurso anti marchas no? pic.twitter.com/lkyuonNwty

— Marian Herrera (@marianherrrera) March 12, 2025

Las demandas y el rechazo a la violencia policial
La manifestación, que inicialmente fue convocada por jubilados que demandaban una respuesta urgente del Gobierno de Javier Milei frente a la situación económica que atraviesan, pronto reunió a sectores políticos y sociales más amplios. Los gremios de la CGT, la CTA y grupos de izquierda se unieron al reclamo de los jubilados, exigiendo la restitución de derechos que consideran fundamentales para la dignidad de los trabajadores y los jubilados.

Entre los puntos más solicitados se encuentran:

• Aumento de las jubilaciones, que en la actualidad se encuentran por debajo del costo de vida, siendo la jubilación mínima de aproximadamente 279.000 pesos más un bono de 70.000 pesos.
• La reapertura de la moratoria previsional, cerrada por el bloque de La Libertad Avanza, que dejó a muchos adultos mayores fuera del sistema.
• La restitución del 100% de los medicamentos gratuitos para jubilados, que ha sido restringido por el Gobierno, afectando gravemente a quienes dependen del PAMI para su atención médica.

Repercusiones políticas y sociales
Mientras los incidentes se sucedían en la Plaza de Mayo, el gobierno de Javier Milei defendió el accionar de las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, justificó el operativo de represión, asegurando que los manifestantes querían tomar el Congreso y que, por ello, el uso de la fuerza fue necesario. La ministra calificó a los manifestantes de "energúmenos" y "lúmpenes", y señaló que la presencia de sectores "violentos" como los barrabravas fue una justificación para el despliegue masivo de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las imágenes y testimonios de los manifestantes muestran una realidad completamente diferente: personas trabajadoras, jubilados y militantes políticos que solo pedían ser escuchados, y que fueron respondidos con gas lacrimógeno, balas de goma y palos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también salió a defender el accionar del gobierno, acusando a la "izquierda argentina" de ser responsable de los disturbios. Además, el presidente Milei utilizó sus redes sociales para denunciar amenazas en su contra y reafirmar su postura de firmeza frente a los protestantes. Sin embargo, la respuesta represiva fue ampliamente rechazada por la oposición, que considera que el gobierno está avanzando hacia un modelo de "autocracia" en el que las protestas y reclamos legítimos se castigan con violencia.

La respuesta judicial: liberación de detenidos
En medio de la represión, un total de 114 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas, ordenó la liberación inmediata de todos los detenidos, ya que consideró que se estaba vulnerando el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Andrade resaltó que las personas detenidas son parte de los sectores más vulnerables, en su mayoría jubilados y trabajadores, y que el derecho a manifestarse es un pilar fundamental de la democracia.

El caso de las detenciones masivas es solo una muestra de la criminalización de la protesta social que se viene intensificando en los últimos meses, con un gobierno que no solo ignora los reclamos, sino que utiliza la represión como respuesta.

El clima en el país: más movilizaciones y rechazo popular
La jornada terminó con cacerolazos en diversas partes del país, especialmente en Plaza de Mayo y otros puntos del AMBA, en señal de protesta por la represión y el accionar del gobierno de Javier Milei. Las imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, junto con las historias de abuso de poder, dejaron un profundo malestar en la sociedad. Los sectores políticos y sociales de oposición han prometido continuar con las movilizaciones en las próximas semanas, exigiendo el fin de la violencia institucional y un cambio en la política económica que afecta a los sectores más vulnerables.

La crisis de confianza que vive el gobierno se intensifica con cada represión, mientras la sociedad observa cómo el autoritarismo avanza, mientras las demandas de justicia social son respondidas con golpes y gases.

El futuro de la protesta social en el país parece incierto, pero una cosa es clara: el miedo a manifestarse y a reclamar lo que consideran justo está ganando terreno en un contexto cada vez más polarizado.