

Adelanto del periodista Alejandro "Cuca" Sánchez con confirmación oficial.
El cobro se determina mes a mes en función del valor de medio litro de gasoil grado 3, expendido en la estación del Automóvil Club Argentino en Necochea, por cada tonelada de carga exportada. El monto final depende del volumen de mercadería despachada por cada terminal.
Durante 2024, Puerto Quequén movilizó 7.770.387 toneladas, según cifras oficiales, lo que representó más de 200.000 viajes de camiones a través de las calles de Quequén y Necochea. El tránsito constante de transporte pesado ha generado un fuerte deterioro en la infraestructura vial urbana.
Las terminales portuarias alcanzadas por la intimación son:
Sitio 0 de Quequén S.A.
Terminales y Servicio S.A.
Pier Doce S.A.
Terminal Fertilizantes S.A.
Terminal Quequén S.A.
Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA. (ACA)
En febrero, la Municipalidad ya había publicado la ordenanza en el Boletín Oficial local y provincial, y habilitó un circuito vial oficial para el ingreso y egreso de camiones. Desde entonces, las terminales tenían plazo hasta marzo para registrarse, presentar declaraciones juradas y comenzar a pagar.
La creación de la tasa fue impulsada por el concejal peronista Julián Kristiansen, quien defendió la necesidad de que las empresas portuarias contribuyan al sostenimiento de las calles que utilizan. “Las calles por las que circulan los camiones son pagadas por los vecinos. Esta tasa busca equilibrio y responsabilidad”, expresó durante el tratamiento de la ordenanza fiscal.
El objetivo declarado es claro: recaudar fondos para reparar las calles más afectadas, especialmente en Quequén, donde el desgaste generado por el tránsito pesado es constante y visible.
Las terminales portuarias respondieron presentando recursos administrativos en los que rechazan la obligación de pagar la tasa. Mientras tanto, el Departamento Ejecutivo municipal avanza en el rechazo de esos planteos, y se prepara para habilitar la vía judicial si las empresas persisten en el incumplimiento.
Desde el gobierno local sostienen que la tasa se enmarca en la legislación vigente y es parte de una política de recuperación y mantenimiento de la infraestructura urbana, ante el impacto directo de la actividad exportadora.