En un contexto donde los gobiernos locales buscan soluciones para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras viales que sustentan su actividad económica, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó una propuesta que sigue una línea de acción similar a la impulsada por el intendente de Necochea, Arturo Rojas. Ambas iniciativas buscan que el sector productivo, que más desgasta las rutas, asuma su parte en el costo del mantenimiento vial, una carga que hasta ahora ha recaído principalmente sobre las comunidades locales.

(RUTA 40)

El Proyecto de Torres: cobrar una tasa a los camiones extranjeros en la Ruta 40

El gobernador Torres ha propuesto un proyecto de ley que impone una tasa a los camiones internacionales que transitan por la Ruta Nacional 40, específicamente los que ingresan desde Chile. La medida tiene como objetivo financiar el mantenimiento de esta importante arteria nacional, que atraviesa la Patagonia y conecta varias provincias del país. Según Torres, el desgaste de la ruta, especialmente por el tráfico pesado proveniente de Chile, representa un peligro para los habitantes de la provincia y para los miles de turistas y productores que dependen de ella.

“La Ruta 40 es una arteria clave para el país y para la seguridad de los chubutenses, y aquellos que más la utilizan, como los camiones que vienen desde Chile, deben contribuir a su mantenimiento”, expresó el gobernador Torres. De acuerdo con el proyecto, se instalarán puestos de pesaje para medir el impacto de cada vehículo en la carretera y establecer un cobro proporcional al daño causado.

 

La propuesta es innovadora porque, si bien la ruta es jurisdicción nacional, la ley permitiría a Chubut intervenir en su mantenimiento mediante un acuerdo de compensación de deuda, aprovechando un marco legal que permitiría reparar la ruta sin que la provincia tenga que asumir el costo total. La tasa vial también busca que los camiones de matrícula extranjera, especialmente los que cruzan los pasos fronterizos de Futaleufú y Carrenleufú, contribuyan de manera directa.

 

 

 

 

Necochea: el modelo de la Tasa Solidaria en la gestión de Rojas

Por otro lado, en Necochea, el intendente Arturo Rojas de la mano del concejal Kristiansen lograron implementar con el apoyo del Concejo Deliberante una medida similar con la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, que afecta a las terminales portuarias del Puerto de Quequén. Esta tasa busca financiar el mantenimiento de las rutas utilizadas por los camiones que transportan carga agroexportadora hacia el puerto.

 

(El desgaste de las vías en el distrito de Necochea)

Rojas ha subrayado que las empresas portuarias que operan en Puerto Quequén y usufructúan de la exportación de granos son responsables de gran parte del desgaste de la infraestructura vial y que no es justo que los vecinos de Necochea financien con sus impuestos el mantenimiento de las rutas y calles que los camiones de carga utilizan para transportar productos. “El sector agroexportador debe asumir su responsabilidad en el mantenimiento de las rutas. La tasa portuaria es una forma de equilibrar la carga entre los que más utilizan las rutas y la comunidad que las sustenta”, explicó Rojas.

En este caso, la tasa se calcula en base al volumen de carga exportada por cada terminal portuaria, y su monto varía dependiendo de la tonelada de mercadería despachada. Aunque se trata de una medida que ha sido criticada, especialmente por los productores zonales, la postura oficial es clara: “No es justo que los vecinos financien el costo del mantenimiento de las rutas y calles utilizadas principalmente por el sector agroexportador”, sostuvo Rojas.

El paralelismo: ¿Un modelo replicable?

El modelo de Necochea, con la creación de una tasa destinada a financiar el mantenimiento vial, parece haber servido de inspiración para Torres. Ambas medidas comparten el mismo objetivo: hacer que aquellos que más desgastan las rutas contribuyan a su mantenimiento, evitando que la carga financiera recayera sobre los impuestos municipales de los ciudadanos.

El paralelo entre las dos iniciativas subraya una tendencia creciente en la Patagonia y en otras partes del país, donde los gobiernos locales buscan que los sectores productivos, que generan un impacto directo sobre las infraestructuras viales, asuman una mayor responsabilidad. Este tipo de políticas públicas se alejan del modelo tradicional de financiar todo con fondos generales y abogan por un sistema más equitativo, en el que quienes más se benefician también más contribuyen.

Ambas medidas podrían marcar un precedente en la forma en que se gestionan las rutas nacionales y provinciales en Argentina, invitando a otras provincias a adoptar modelos similares que aseguren el mantenimiento de las infraestructuras viales utilizadas por los sectores productivos. Sin embargo, habrá que ver cómo evolucionan estas iniciativas y si el resto de las comunidades las respaldan de manera contundente.