La paritaria de los trabajadores estatales bonaerenses atraviesa un momento de alta tensión. La última propuesta salarial del Ejecutivo provincial —un incremento del 3% para febrero— fue rechazada por el arco sindical, que la consideró insuficiente frente a la evolución de los precios.

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, que convoque “con carácter urgente” a una nueva audiencia de negociación colectiva para continuar la discusión salarial.
Desde la entidad señalaron que la compleja situación económica de los trabajadores públicos requiere una recomposición acorde a los índices inflacionarios.
En este escenario, los gremios docentes ratificaron un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha establecida para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.

La medida se enmarca en reclamos salariales provinciales y también en una convocatoria nacional impulsada por CTERA. Será la primera vez desde 2019 que el inicio del ciclo lectivo en territorio bonaerense se vea afectado por una huelga docente.
Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó asambleas departamentales y definió avanzar con una medida de fuerza, cuya fecha podría coordinarse con otras organizaciones sindicales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense también reclamó la reapertura inmediata de la negociación salarial. En una nota enviada al Ministerio de Trabajo, el gremio planteó la necesidad de discutir alternativas que permitan mejorar los ingresos de los estatales.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran:
ATE sostuvo que la prioridad debe ser garantizar el salario de los trabajadores públicos que sostienen las políticas del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo bonaerense argumentan que el margen financiero es limitado debido a la caída de la recaudación y a recortes en transferencias nacionales.
El ministro de Economía provincial, Pablo López, afirmó que desde el inicio de la gestión nacional actual la provincia acumuló pérdidas estimadas en 22 billones de pesos, entre programas discontinuados, obras paralizadas y deudas directas.
Mientras continúan los contactos informales entre las partes, el 13 de marzo aparece como una fecha clave en el calendario administrativo para la liquidación de salarios. Si no se alcanza un acuerdo antes de ese plazo, cualquier mejora impactaría recién en los haberes siguientes.
El conflicto salarial continúa abierto y el inicio de clases se convierte en el primer escenario de impacto concreto en la provincia.