A través de un duro comunicado, la Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que un “minoritario grupo” de camioneros mantiene bloqueos en rutas y accesos portuarios, afectando directamente el flujo logístico y la salida de granos al exterior.

La medida de fuerza se inició el pasado 7 de abril, cuando transportistas —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— impulsaron un paro total en reclamo de una actualización de la tarifa de referencia, en el marco del aumento del combustible vinculado al conflicto internacional en Medio Oriente.
Si bien el reclamo fue atendido a los pocos días mediante acuerdos entre las principales cámaras del sector, el conflicto persistió en algunos puntos. Según indicaron desde la entidad portuaria, durante más de dos semanas los bloqueos generaron un “estrangulamiento logístico” que dejó sin mercadería a distintas terminales.
Como consecuencia, más de 30 buques permanecieron en espera —22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén— con entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin poder ser embarcadas.
El impacto económico también fue significativo. Desde la Cámara estimaron que al menos 450 millones de dólares no ingresaron al país durante esos días, lo que afectó a productores, acopios, cooperativas, industrias, exportadores y transportistas, además de deteriorar la cadena de pagos y la competitividad del sector.
Entre el 15 y el 17 de abril, la mayoría de las cámaras del transporte acordaron nuevas tarifas que contemplan los costos actualizados, lo que permitió destrabar el conflicto en otros puertos. En Bahía Blanca, incluso, los autoconvocados levantaron los bloqueos y la actividad comenzó a retomarse con el acompañamiento de fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la situación en Quequén se mantiene sin cambios. Según denunciaron desde el sector portuario, los transportistas que continúan con la protesta sostienen “exigencias tarifarias desproporcionadas” y protagonizan prácticas intimidatorias, incluyendo amenazas a otros camioneros que intentan trabajar, algunas de ellas ya judicializadas.
En este contexto, Puerto Quequén permanece sin operar, profundizando las pérdidas económicas y el impacto sobre toda la cadena agroexportadora.
Ante este escenario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como del Poder Judicial, para restablecer el orden y garantizar el funcionamiento normal de la actividad dentro del marco legal.