La situación del programa “Volver al Trabajo” generó preocupación en Necochea, donde se advierte un fuerte impacto social y económico ante la posible interrupción de ingresos para trabajadores de la economía popular.

El pasado 15 de abril, la referente local de la UTEP, Patricia “Pachu” Aranda, utilizó la banca abierta del Concejo Deliberante para exponer el alcance de la medida y sus consecuencias directas en la ciudad.

Según detalló, en Necochea unas 5.200 personas perciben el salario social complementario y, de ese total, alrededor de 3.200 podrían dejar de cobrarlo en el marco del nuevo esquema.

Ese escenario implicaría que unos $250 millones mensuales dejarían de circular en la economía local, afectando directamente el consumo en comercios de cercanía y la dinámica de los barrios.

“Ese dinero se gasta en Necochea: en el almacén, en la garrafa, en medicamentos, en el alquiler. No se fuga, se consume acá”, planteó Aranda durante su exposición.

Y advirtió: “Cuando se retiran esos recursos del circuito local, pierde el comercio, pierde el barrio, pierde la ciudad”.

Cobro en duda y escenario judicial

El último pago del programa se realizó el 5 de abril, mientras que el correspondiente a mayo se encuentra en suspenso.

En paralelo, la continuidad del esquema quedó atravesada por un conflicto judicial. En los últimos días, un fallo ordenó mantener los pagos ante el impacto social que podría generar su interrupción.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano de la Nación ya anticipó que apelará esa decisión, por lo que el escenario sigue abierto y con incertidumbre sobre cómo continuará la implementación del programa.

Desde el Gobierno nacional se impulsa una reconversión del esquema hacia un sistema de capacitación laboral, sin una prestación económica directa, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

“Nunca dejaron de trabajar”

Durante su intervención, Aranda cuestionó el enfoque del programa y planteó que el problema no es la capacitación, sino la falta de empleo formal suficiente.

“Ese nombre no refleja la realidad, porque esas personas nunca dejaron de trabajar”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que en la ciudad ya existen espacios de formación como los centros profesionales 401, 402 y 403, por lo que el nuevo esquema no representaría una solución concreta.

Además, destacó que quienes integran la economía popular realizan tareas esenciales: sostienen comedores, desarrollan trabajo comunitario, promueven salud, educación y género en los barrios, y participan en procesos de urbanización.

“Quitar ese reconocimiento no genera empleo. Genera más exclusión”, afirmó.

El impacto en la ciudad

Un documento entregado a los concejales por organizaciones sociales reforzó la preocupación y advirtió que la medida “impacta en todo el entramado económico y social de la ciudad”.

Desde ese espacio también señalaron que los ingresos —congelados desde diciembre de 2023 en $78.000— ya habían perdido poder adquisitivo, y que su eventual eliminación profundizaría la situación.

En ese marco, solicitaron al Concejo Deliberante que se pronuncie en defensa del trabajo digno y del desarrollo local.

“Esto no es solo un problema de quienes pierden el ingreso. Es un problema de toda la comunidad”, concluyó Aranda.