Actualmente, el máximo tribunal funciona con solo tres de los siete miembros que establece la Constitución, una situación que fue señalada como crítica para el funcionamiento institucional.
“No es una cuestión diferible ni accesoria, sino una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial y la legitimidad de sus decisiones”, sostuvo su presidente, Sergio Gabriel Torres.
El mensaje del titular de la Corte fue contundente al referirse a la falta de designaciones.
“Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”, afirmó, al tiempo que exhortó al Ejecutivo y al Senado bonaerense a avanzar con los nombramientos.
Desde el tribunal remarcaron que una Corte incompleta no solo afecta su funcionamiento interno, sino también la coherencia de sus decisiones y la conducción del sistema judicial.
En paralelo al reclamo por las vacantes, la Corte presentó un proyecto de ley que establece un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera.
En este contexto, NdeN accedió al texto completo de la iniciativa, que ya fue elevado a la Legislatura bonaerense y busca modificar de manera estructural el funcionamiento del Poder Judicial.
El documento completo puede consultarse aquí:
Según se establece en el proyecto, el objetivo es garantizar la independencia real del sistema judicial.
“El Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independencia y eficacia”, plantea el texto .
La iniciativa apunta a modificar el esquema actual, en el que el Poder Judicial depende del Ejecutivo para la administración de sus recursos.
Entre los principales cambios que propone:
El proyecto también prevé una mayor capacidad de planificación a mediano y largo plazo.
Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de recursos propios para el Poder Judicial.
La iniciativa establece que podrá participar en la renta de los depósitos judiciales en el Banco Provincia, en un rango de entre el 40% y el 50% de la rentabilidad generada .
Estos fondos estarán destinados principalmente a infraestructura, equipamiento, tecnología y modernización del sistema.
Desde la Corte señalaron que el esquema actual presenta limitaciones importantes.
Gran parte del presupuesto judicial se destina al pago de salarios, lo que reduce el margen para inversión en áreas clave como infraestructura y digitalización.
En ese contexto, sostienen que la dependencia económica del Ejecutivo condiciona la independencia del Poder Judicial.
El avance de esta iniciativa abre un debate de fondo en la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, presiona al gobierno de Axel Kicillof y a la Legislatura para avanzar con la cobertura de cargos. Por otro, instala una discusión sobre la distribución de recursos y poder dentro del Estado.
Fuentes legislativas advierten que el escenario es complejo y que no será sencillo avanzar en el corto plazo, en medio de tensiones políticas y dificultades para construir consensos.
Desde el máximo tribunal remarcan que la autarquía no es un privilegio, sino una exigencia constitucional vinculada a la independencia judicial.
El proyecto retoma antecedentes previos y busca consolidar un modelo de justicia con mayor autonomía y capacidad de gestión.
Con una Corte incompleta, un proyecto estructural sobre la mesa y un contexto político atravesado por tensiones, el escenario abre una discusión clave sobre el futuro del Poder Judicial bonaerense.
El desenlace dependerá de la capacidad de la política para alcanzar acuerdos en un contexto de fuerte disputa institucional.