En plena discusión por la nueva licitación del transporte público en Necochea y Quequén, se sumó una propuesta que apunta a despejar uno de los puntos más sensibles del proceso: la incidencia de la política en el servicio.

Se trata de un proyecto impulsado por la concejal Eugenia Vallota (PRO) que propone prohibir la publicidad política en los colectivos hasta después de las elecciones de 2027, con el objetivo de evitar que la campaña electoral influya en el debate del pliego.

Un límite claro sobre la publicidad

La iniciativa toma como base el artículo 59 del pliego, que establece que la publicidad en las unidades debe ser de carácter comercial.

A partir de esa definición, el proyecto busca dejar explícito que la propaganda política queda excluida, evitando interpretaciones que puedan habilitar su utilización durante períodos electorales.

Según lo planteado en el expediente, las empresas prestatarias no podrán exhibir publicidad política ni en el interior ni en el exterior de los colectivos hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Evitar que la licitación se mezcle con la campaña

El eje de la propuesta es separar la discusión del transporte público de la lógica electoral.

En años de campaña, la publicidad en los colectivos suele convertirse en una herramienta de visibilidad política, pero también en un factor que puede incidir indirectamente en decisiones vinculadas al servicio.

Con este planteo, se busca que la licitación avance con criterios técnicos y económicos, sin condicionamientos externos ligados a la competencia política.

Transparencia en un sistema en crisis

El debate se da en un contexto complejo para el transporte urbano, con dificultades en la rentabilidad del sistema y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.

En ese escenario, la iniciativa introduce un criterio de mayor previsibilidad al establecer reglas claras sobre el uso de la publicidad, un ingreso que en años electorales suele tener un peso particular.

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Un pliego que sigue sin definiciones

Mientras tanto, el proyecto de licitación continúa en análisis dentro de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

La falta de consenso obligó a postergar su tratamiento en el recinto y se espera que en los próximos días se definan modificaciones clave para avanzar con la concesión del servicio.

En ese marco, la propuesta impulsada desde el PRO suma un nuevo eje de discusión, pero también plantea una intención clara: que el transporte público quede al margen de la disputa electoral en uno de los momentos más sensibles del proceso.