En medio del avance de discursos negacionistas sobre la violencia de género y los abusos sexuales en las infancias, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre las llamadas “falsas denuncias”.

Se trata de un proyecto impulsado por la senadora nacional Carolina Losada, acompañado por sectores alineados al gobierno de Javier Milei y a una agenda política de ultraderecha que distintos colectivos feministas y organismos de derechos humanos describen como un “antifeminismo de Estado”.

 

 

La iniciativa busca modificar el Código Penal para endurecer las penas contra quienes realicen denuncias consideradas falsas en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual, violencia familiar y delitos contra las infancias.

Según sus impulsores, el objetivo sería “evitar daños irreparables” a personas denunciadas injustamente y sancionar el supuesto uso malicioso del sistema judicial. Los argumentos centrales del proyecto sostienen que existiría un aumento de denuncias falsas utilizadas para perjudicar exparejas, obtener ventajas judiciales o influir en disputas familiares.

Sin embargo, distintas investigaciones, estadísticas oficiales y relevamientos judiciales contradicen esa narrativa.

 

Qué dicen los datos oficiales

Uno de los relevamientos más citados en este debate fue publicado por el medio Chequeado, donde se analizaron estadísticas judiciales nacionales e internacionales sobre denuncias falsas en casos de violencia de género. La conclusión fue contundente: no existe evidencia que respalde la idea de una “ola” de denuncias inventadas.

 

 

De acuerdo con datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y distintos estudios académicos, las denuncias falsas representan un porcentaje mínimo dentro del total de casos reportados. Incluso especialistas remarcan que el problema estructural sigue siendo exactamente el contrario: la enorme subdenuncia de hechos reales de violencia y abuso.

En delitos sexuales y violencia de género, las víctimas suelen enfrentar múltiples obstáculos para denunciar: miedo, dependencia económica, presión familiar, revictimización judicial y social, y falta de acompañamiento institucional.

Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que proyectos como el de Losada podrían profundizar ese escenario, generando un efecto disciplinador sobre quienes buscan denunciar situaciones de violencia.

 

La denuncia contra Losada y el rechazo de organismos

La polémica escaló luego de que la propia senadora fuera denunciada por organizaciones y referentes vinculados a los derechos humanos y la protección de las infancias, quienes consideran que el proyecto constituye una forma de violencia institucional.

Desde esos sectores sostienen que instalar mediáticamente la idea de las “falsas denuncias” termina reforzando prejuicios históricos contra mujeres y niñeces, especialmente en causas de abuso sexual en las infancias, donde muchas veces los relatos ya son puestos bajo sospecha desde el inicio.

También advierten que el proyecto aparece en un contexto político marcado por el desmantelamiento de políticas públicas de género, recortes en programas de asistencia y discursos oficiales que relativizan o niegan las desigualdades estructurales.

 

Violencia real: las cifras que siguen creciendo

Mientras el debate público vuelve una y otra vez sobre las denuncias falsas, las estadísticas oficiales continúan mostrando niveles alarmantes de violencia machista y abuso sexual.

Según datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en Argentina ocurre un femicidio cada poco más de un día. A eso se suman miles de denuncias anuales por violencia doméstica y delitos sexuales.

La mayoría de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes ocurren dentro del entorno familiar o cercano. Y distintos estudios coinciden en que gran parte de esos hechos nunca llegan a denunciarse.

 

 

En paralelo, organizaciones feministas señalan que mujeres, disidencias sexuales y niñeces continúan siendo las principales víctimas de una violencia patriarcal que lejos de disminuir, se agrava en contextos de ajuste económico, precarización y debilitamiento estatal.

Por eso, desde distintos espacios advierten que instalar el foco sobre las “falsas denuncias” no sólo desinforma, sino que además desplaza el debate principal: cómo garantizar condiciones reales de protección, acceso a la justicia y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de violencia.