El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del gobierno nacional para atraer capitales extranjeros, enfrenta un posible conflicto jurídico vinculado a las exigencias de contratación local en proyectos mineros estratégicos.

La situación podría impactar de lleno sobre Vicuña, el megaproyecto desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining para explotar los yacimientos José María y Filo del Sol, ubicados entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile.

Se trata de uno de los proyectos de cobre más importantes del mundo, con una inversión estimada de hasta 15.000 millones de dólares a lo largo de su desarrollo. Solo para este año, las empresas prevén desembolsos por unos 790 millones de dólares.

Actualmente, el RIGI establece requisitos de hasta un 20% de “compre argentino”. Sin embargo, el gobierno de San Juan trabaja en una nueva Ley de Desarrollo Local Minero que podría elevar la exigencia hasta un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos y un 80% de empleo local en los proyectos extractivos.

La discusión ya genera preocupación entre quienes diseñan el esquema de contratación de Vicuña. Según trascendió, el proyecto avanzaría con dos grandes consorcios constructivos: uno integrado principalmente por empresas argentinas y otro con participación mayoritaria de compañías extranjeras.

Desde el entorno del proyecto sostienen que, con la contratación de una constructora nacional, ya se cumpliría con las condiciones exigidas por el RIGI. Sin embargo, advierten que una eventual reglamentación provincial podría abrir una disputa legal sobre qué normativa debe prevalecer.

En San Juan ya existe desde 2013 un régimen de “compre minero” que prioriza proveedores locales, aunque el nuevo proyecto buscaría endurecer aún más esos porcentajes.

La discusión se produce en un contexto donde el Gobierno nacional busca acelerar inversiones anunciadas por más de 100 mil millones de dólares y necesita mostrar resultados concretos en materia de ingreso de capitales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado meses atrás la incorporación de Vicuña al RIGI y calificó al proyecto como “potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia” del país.

Sin embargo, cualquier escenario de litigio o incertidumbre regulatoria en torno a inversiones de esta magnitud enciende alertas tanto en el sector privado como en el Ejecutivo nacional.