
El debate gira alrededor de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, vigente desde 2022, que incorporó los octógonos negros en envases para advertir excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, trabaja en una propuesta para modificar aspectos centrales de la ley, aunque todavía no se oficializaron los cambios concretos.
Durante 2024, el Ejecutivo ya había avanzado mediante disposiciones de la Anmat que modificaron algunos criterios técnicos utilizados para calcular nutrientes críticos. Entre otros cambios, comenzó a contemplarse únicamente el contenido añadido durante el proceso industrial y no los componentes propios de los alimentos.
En paralelo, ingresó al Congreso un proyecto impulsado por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) para derogar la normativa.
Los impulsores de los cambios sostienen que el sistema actual genera confusión y complica la actividad económica.
Según argumentan, cerca del 85% de los productos terminó incorporando al menos un sello de advertencia, lo que reduce su capacidad informativa.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si todo tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo el diputado Alejandro Bongiovanni.
También remarcan que la legislación argentina utiliza parámetros distintos a otros países del Mercosur, generando dificultades para exportaciones y mayores costos de adaptación, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresaron preocupación por los cambios propuestos y sostuvieron que las modificaciones afectarían herramientas centrales para la prevención sanitaria.
Laura Salzman, presidenta de la entidad, afirmó que “la eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer qué está consumiendo”.
Según explicaron, los octógonos permiten simplificar información nutricional compleja y ayudan a identificar rápidamente productos con excesos de nutrientes críticos.
Además, cuestionaron posibles flexibilizaciones vinculadas a estrategias de marketing orientadas a niños, niñas y adolescentes.
Desde el sector nutricional sostienen que flexibilizar el sistema actual podría profundizar desigualdades en el acceso a información alimentaria clara.
“La alimentación no es solo una elección individual: es una cuestión de salud pública, derechos y acceso equitativo a información”, señalaron desde la entidad.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes priorizan la armonización normativa y la competitividad económica, y quienes defienden el etiquetado frontal como herramienta preventiva.