La polémica por las amenazas denunciadas por una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría continúa sumando repercusiones. En las últimas horas, la Comisión por la Memoria de Olavarría expresó públicamente su repudio a las expresiones atribuidas al médico y exdocente Walter Ressia, quien habría protagonizado un grave episodio durante una actividad académica desarrollada en la sede universitaria.

Según reconstruyeron quienes se encontraban presentes en el aula, el episodio ocurrió durante una clase del Módulo 6 de la carrera de Medicina. Allí, una estudiante de tercer año realizó una observación vinculada a las actualizaciones de una guía para el tratamiento del asma y, de acuerdo con los testimonios difundidos, el docente respondió:

"A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí".

La frase, que remite a prácticas asociadas al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, generó un fuerte rechazo dentro de la comunidad universitaria y motivó pronunciamientos de organismos de derechos humanos, representantes académicos y autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud.

 

Reclaman medidas dentro de la universidad

Además del repudio público, consejeros superiores y académicos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) solicitaron que el Consejo Superior intervenga formalmente en el caso y emita un pronunciamiento institucional sobre lo ocurrido.

Entre los pedidos formulados se encuentra que los antecedentes reunidos sean considerados en futuros procesos de designación, contratación o incorporación a cargos docentes dentro de la universidad.

También reclamaron la implementación efectiva y periódica de capacitaciones obligatorias en perspectiva de género, el fortalecimiento de los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y la creación de espacios permanentes de formación en derechos humanos, violencia institucional y memoria.

Los firmantes sostuvieron que la renuncia del docente no agota las responsabilidades institucionales y remarcaron que el episodio interpela a toda la comunidad universitaria.

 

 

El repudio de la Comisión por la Memoria

La Comisión por la Memoria de Olavarría también difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo sucedido y manifestó su respaldo a la estudiante.

Desde el organismo consideraron inadmisible que en una institución educativa pública se produzcan amenazas dirigidas a estudiantes y cuestionaron especialmente las referencias asociadas al terrorismo de Estado.

"Quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes", señalaron.

Asimismo, sostuvieron que este tipo de expresiones podrían constituir una reivindicación de prácticas vinculadas a delitos de lesa humanidad y advirtieron sobre la gravedad institucional del episodio.

 

 

Violencia de género y memoria

En el documento difundido por consejeros y representantes universitarios se remarcó además que la situación no puede analizarse únicamente como un exceso verbal.

Los firmantes sostuvieron que la amenaza estuvo dirigida contra una mujer que realizaba una intervención académica legítima en el marco de su formación y señalaron que la situación debe ser entendida también como una manifestación de violencia de género.

Además, cuestionaron la utilización de referencias vinculadas al denominado "Falcon verde", uno de los símbolos asociados a los secuestros y desapariciones ocurridos durante la última dictadura militar.

Según expresaron, la evocación de esos métodos en un ámbito educativo resulta incompatible con los principios de Memoria, Verdad y Justicia que sostiene la universidad pública.

 

Una facultad bajo conmoción

El episodio generó un fuerte impacto dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y derivó en la intervención de las autoridades académicas.

El Consejo Académico de la unidad académica aprobó una resolución incorporando los pronunciamientos de los distintos claustros y solicitando que los antecedentes del caso queden registrados en el legajo del docente.

Mientras tanto, distintos sectores continúan reclamando que se profundicen las medidas institucionales y que se garantice un ámbito universitario libre de violencia, intimidaciones y discursos de odio.