La defensa de Aaron Ezequiel Comaschi presentó ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Necochea un extenso escrito en el que solicitó la inmediata libertad del joven acusado por el crimen de Bautista Coronel, cuestionó distintos aspectos de la investigación y volvió a sostener que actuó en legítima defensa.

La presentación fue realizada por el abogado Federico Adler durante la audiencia de ofrecimiento de prueba celebrada este miércoles y también incluyó un planteo de nulidad sobre el procedimiento policial que dio origen a la causa, además de un pedido de nuevas pericias y medidas probatorias de cara al futuro juicio oral.

Pedido de libertad

Uno de los principales planteos de la defensa fue el cese de la prisión preventiva que actualmente cumple Comaschi.

Según sostuvo Adler, las circunstancias que originalmente justificaron la medida cautelar ya no existen y la situación procesal cambió luego de que la Cámara de Apelación y Garantías modificara la calificación legal del caso.

La defensa recordó que la causa fue elevada a juicio bajo la figura de homicidio simple y no por homicidio agravado, como se había sostenido durante buena parte de la investigación.

Además, argumentó que Comaschi no posee antecedentes penales, no registra otras causas en trámite, permaneció en el lugar de los hechos hasta la llegada de la policía y nunca intentó sustraerse de la actuación de la Justicia.

A ello sumó la existencia de una red de contención familiar, circunstancias que, según Adler, descartan la existencia de riesgos procesales que justifiquen mantener la medida de coerción.

"La libertad de un adolescente no puede seguir restringiéndose sobre la base de riesgos procesales hipotéticos ni de afirmaciones que nunca lograron corroborarse objetivamente", sostuvo.

Y agregó:

"Debe otorgarse de forma inmediata la libertad a Aaron".

Cuestionamientos a la investigación

Otro de los ejes centrales del planteo estuvo vinculado al procedimiento policial realizado el 1 de noviembre de 2025, horas después de los hechos.

Según la defensa, el acta fue confeccionada sin la presencia de testigos de actuación, pese a que en el lugar había numerosas personas.

Adler consideró que esa circunstancia vulnera disposiciones del Código Procesal Penal bonaerense y solicitó que se declare la nulidad del acta y de toda la prueba que pudiera derivarse de ella.

Además, cuestionó la objetividad de algunas medidas probatorias desarrolladas durante la etapa de instrucción.

En ese sentido sostuvo que determinadas diligencias fueron realizadas por organismos funcionalmente vinculados al Ministerio Público Fiscal y afirmó que distintos aspectos relevantes para la reconstrucción de los hechos no fueron suficientemente profundizados durante la investigación preliminar.

Nuevas pericias

Por esa razón, la defensa pidió la intervención de especialistas dependientes de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para desarrollar nuevas pericias médicas, informáticas y criminalísticas.

Entre las medidas solicitadas figuran una reconstrucción criminalística basada en el análisis del material fílmico incorporado al expediente, una nueva pericia informática sobre los teléfonos celulares secuestrados y una pericia médica destinada a determinar la incidencia que pudo haber tenido la extracción del cuchillo por parte de la propia víctima en el desenlace fatal.

Asimismo, se solicitó que numerosos testigos declaren personalmente durante el juicio oral y se rechazó la incorporación por lectura de declaraciones obtenidas durante la investigación, especialmente aquellas recibidas bajo reserva de identidad.

Según la defensa, la reconstrucción de los hechos debe realizarse respetando los principios de oralidad, inmediación y contradicción, permitiendo el control efectivo de las partes y la valoración directa por parte del Tribunal.

La hipótesis defensiva

En el escrito también se cuestionó que durante la investigación se hayan invocado supuestas amenazas para justificar restricciones procesales y medidas cautelares.

La defensa sostuvo que, luego de más de siete meses de trámite, no existe una denuncia penal ni elementos objetivos que permitan corroborar esas afirmaciones.

Finalmente, Adler ratificó la postura que mantiene desde el inicio del proceso y sostuvo que su defendido actuó en legítima defensa.

"Nadie le devolverá el tiempo perdido cuando lo absuelvan por haber actuado en legítima defensa", concluyó.

Ahora serán los integrantes del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil —Nicolás Lamberti, de Necochea; Luis Surjet, de Azul; y Marcos Milano, de Dolores— quienes deberán resolver los distintos planteos formulados por las partes tras la audiencia de ofrecimiento de prueba.