Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra el Municipio de San Isidro al denunciar la existencia de prácticas que, según sostiene, obstaculizan el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en el sistema de salud local.

La acción fue presentada ante el fuero Contencioso Administrativo y apunta a medidas implementadas durante la gestión del intendente Ramón Lanús que, de acuerdo con la organización, vulneran derechos garantizados por la Ley Nacional 27.610 y generan barreras para acceder a una práctica contemplada por la legislación vigente.

La presentación fue anunciada durante una conferencia de prensa organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, junto a Amnistía Internacional, organizaciones feministas, representantes sindicales, trabajadores de la salud y dirigentes políticos.

Denuncian demoras y obstáculos administrativos

Según Amnistía Internacional, las primeras denuncias comenzaron a recibirse en 2024 y se profundizaron durante 2025.

La organización asegura haber recopilado testimonios de personas que denunciaron demoras indebidas para acceder a la práctica, exigencias de reconfirmación del consentimiento y la obligación de pasar por áreas de Psicología y Servicio Social antes de concretar el procedimiento.

De acuerdo con la presentación judicial, estos requisitos no están contemplados en la Ley 27.610 y terminan generando obstáculos que dificultan el acceso efectivo al aborto legal.

Además, sostienen que realizaron distintos intentos de diálogo con las autoridades sanitarias locales sin obtener respuestas satisfactorias.

El presunto protocolo interno

Uno de los principales puntos de la demanda es la existencia de un protocolo interno que, según Amnistía, fue reconocido por el propio municipio durante actuaciones judiciales previas.

La organización asegura que se trata de un documento sin fecha, firma, sello ni publicación oficial que habría sido distribuido entre trabajadores de la salud para establecer un circuito especial destinado a quienes solicitan una interrupción del embarazo.

"Esto confirma lo que sospechamos: la existencia de un circuito informal e irregular que obstruye y dilata el acceso a la práctica", sostuvo Mariela Galassi, representante de Amnistía Internacional.

Según detalló, ese procedimiento concentraría las prácticas en el Hospital Materno Infantil y obligaría a realizar consultas adicionales antes de acceder al tratamiento.

Acusan persecución a profesionales

Durante la conferencia también se difundió un comunicado firmado por profesionales de la salud del distrito.

Los trabajadores denunciaron que desde 2024 se modificó completamente el circuito que garantizaba el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, eliminando el consultorio específico de IVE/ILE y limitando la consejería en centros de salud.

Además, señalaron que existe un clima de persecución laboral hacia quienes garantizan estas prácticas dentro del sistema sanitario municipal.

Según expresaron, la situación genera un escenario que calificaron como "hostil" tanto para pacientes como para trabajadores de la salud.

El cuestionamiento al espacio "Maternidades Vulnerables"

Otra de las denuncias apunta a la creación de un espacio denominado "Maternidades Vulnerables", que según organizaciones feministas habría reemplazado al consultorio de IVE/ILE que funcionaba anteriormente.

Martina Ferreto sostuvo que en ese ámbito se entregaría material religioso y se brindaría información considerada engañosa sobre el aborto con el objetivo de persuadir a las pacientes para que continúen con el embarazo.

La referente también cuestionó que un municipio con los recursos de San Isidro presente barreras para acceder a una práctica legal garantizada por la legislación nacional.

El pedido a la Justicia

La demanda presentada por Amnistía Internacional solicita además una medida cautelar para que el acceso al aborto legal quede garantizado de manera inmediata mientras avanza la causa judicial.

La organización sostiene que las barreras denunciadas constituyen una "vía de hecho" incompatible con la normativa vigente y advirtió que las demoras y obstáculos pueden derivar en consecuencias graves para la salud de las personas gestantes.

Asimismo, recordó que el Código Penal contempla sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a los abortos permitidos por la ley.

Entre quienes acompañaron la presentación estuvieron los concejales Federico Meca, Virginia Franco y Marcos Díaz, la ex concejala Celia Sarmiento, la diputada provincial Sofía Vanelli, organizaciones feministas, representantes sindicales y trabajadores de la salud.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar la demanda y resolver si hace lugar a las medidas solicitadas mientras avanza el proceso judicial.