Desde hace décadas, el Hogar de Residencia Permanente Dr. Alejandro Raimondi forma parte del paisaje y de la historia social de Necochea. Aunque funciona en la ciudad, depende administrativamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constituye uno de los dispositivos públicos más importantes destinados al cuidado de personas mayores fuera del territorio porteño.

Hoy, esa institución volvió a ocupar un lugar central en el debate legislativo. Un pedido de informes presentado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca conocer en detalle su situación asistencial, presupuestaria, edilicia y laboral, en un contexto marcado por la implementación del Programa de Apoyo para la Desinstitucionalización y por interrogantes sobre la ocupación de sus plazas.

Un hogar histórico con menos residentes

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el Raimondi cuenta con una capacidad cercana a las 200 plazas, aunque actualmente alojaría alrededor de 130 personas mayores.

Ese dato motivó parte de las consultas impulsadas por el diputado Andrés La Blunda, quien solicitó al Poder Ejecutivo porteño precisiones sobre la cantidad de residentes, su nivel de dependencia, los criterios de admisión y egreso y las políticas implementadas para garantizar el funcionamiento del establecimiento.

La iniciativa también busca conocer si existe una reducción progresiva de la ocupación y cuáles son las razones que explican la diferencia entre la capacidad instalada y la cantidad de personas alojadas.

Presupuesto, infraestructura y personal

El pedido de informes no se limita a la cantidad de residentes.

La Legislatura porteña también requirió información sobre las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas durante el ejercicio 2026, discriminando los recursos destinados al mantenimiento edilicio, la alimentación, el funcionamiento cotidiano y la infraestructura del hogar.

Además, solicita conocer el estado de las habitaciones, las condiciones de accesibilidad para familiares y visitantes y la articulación que mantiene la institución con el sistema sanitario de Necochea y la región.

Otro de los puntos bajo análisis es la situación de la planta de personal y la cobertura de los equipos que desarrollan tareas de asistencia y cuidado.

El debate por la desinstitucionalización

El seguimiento legislativo coincide con la implementación del Programa de Apoyo para la Desinstitucionalización, creado por la Resolución 682/25 del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa está destinada a personas mayores autoválidas y contempla un acompañamiento económico para quienes decidan abandonar voluntariamente los hogares públicos e iniciar un proyecto de vida en la comunidad.

Sin embargo, distintos sectores políticos solicitaron información sobre los criterios de aplicación del programa, el seguimiento profesional previsto, las condiciones de acceso y los mecanismos de reingreso en caso de ser necesarios.

La discusión también alcanza el impacto que esa política podría tener sobre la ocupación de los hogares públicos y la continuidad del sistema estatal de cuidados.

El antecedente de Ituzaingó

La presentación sobre el Raimondi toma como referencia los pedidos de informes realizados meses atrás sobre los hogares Martín Rodríguez y General Viamonte, ambos dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y ubicados en Ituzaingó.

En esos casos, la Legislatura solicitó información sobre la cantidad de residentes, los niveles de dependencia, las condiciones de funcionamiento y las eventuales derivaciones hacia establecimientos privados.

Ahora, el mismo criterio de control parlamentario se extiende al establecimiento ubicado en Necochea.

Un hogar que trasciende las fronteras de la Ciudad

El Raimondi representa una particularidad dentro del sistema público porteño: funciona en territorio bonaerense, pero depende de la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa condición obliga a una permanente articulación con los servicios de salud, organismos públicos e instituciones de Necochea, una de las cuestiones sobre las que también pide precisiones la Legislatura.

La iniciativa impulsada por La Blunda busca conocer, además, las partidas destinadas al mantenimiento del edificio y verificar que cualquier modificación en su capacidad operativa cuente con fundamentos técnicos y garantice la continuidad de los derechos de las personas mayores que residen allí.

Mientras el Gobierno porteño sostiene que las políticas de desinstitucionalización buscan promover mayores niveles de autonomía para quienes puedan desarrollarla, el seguimiento parlamentario intenta determinar cómo se implementan esas medidas y cuál es su impacto real sobre uno de los hogares más emblemáticos que la Ciudad mantiene fuera de su jurisdicción.