Setenta años después de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal reconoció que los crímenes relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre fueron delitos de lesa humanidad. El fallo responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.

La resolución fue dictada por la jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, en el marco de un Juicio por la Verdad. No se trata de una condena penal ejecutable: todos los responsables identificados murieron antes de llegar a esta instancia. Sin embargo, la sentencia estableció cuál habría sido su responsabilidad penal y dispuso una serie de medidas de reparación, memoria y difusión educativa.

 

Qué resolvió la Justicia sobre los fusilamientos

El tribunal dio por probado que un grupo de doce personas fue detenido ilegalmente en una vivienda de Florida, partido de Vicente López, y trasladado primero a una dependencia policial de San Martín. Más tarde, fueron llevadas a los basurales de José León Suárez, donde fueron fusiladas.

Cinco hombres fueron asesinados: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete lograron sobrevivir: Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada en doce oportunidades, homicidio agravado en cinco casos y tentativa de homicidio agravado respecto de los siete sobrevivientes.

Además, estableció que aquellos crímenes no podían ser analizados como un episodio aislado ni como delitos comunes: fueron cometidos en el marco de una persecución estatal sistemática por motivos políticos, contra civiles vinculados o asociados al peronismo y a la resistencia frente al gobierno de facto.

 

 

Los cinco responsables señalados en el fallo

El veredicto declaró responsables a cinco integrantes de la estructura política, de inteligencia y policial de la dictadura que gobernaba el país tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955.

Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto, e Isaac Francisco Rojas, vicepresidente de facto, fueron señalados por su responsabilidad en la conducción política y estatal del operativo represivo.

También fue declarado responsable Juan Constantino Quaranta, entonces jefe de la SIDE; Desiderio Fernández Suárez, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires; y Rodolfo Rodríguez Moreno, jefe de la Regional San Martín.

La sentencia determinó que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. La decisión judicial no impone una condena actual debido al fallecimiento de todos ellos, pero fija una verdad jurídica sobre la participación estatal, la cadena de responsabilidades y el carácter criminal de lo ocurrido.

 

 

La investigación de Rodolfo Walsh, clave para reconstruir la masacre

Los fusilamientos de José León Suárez forman parte de una de las investigaciones periodísticas más influyentes de la historia argentina. Meses después de los hechos, Rodolfo Walsh recibió una información que cambiaría el rumbo de su trabajo: había un fusilado que seguía vivo.

Ese sobreviviente era Juan Carlos Livraga. A partir de su testimonio y de los relatos de otros sobrevivientes, Walsh inició una investigación junto a Enriqueta Muñiz que permitió reconstruir la secuencia de las detenciones, los traslados, los disparos y las posteriores maniobras de encubrimiento.

El trabajo fue publicado luego en Operación Masacre, una obra fundamental del periodismo narrativo y de investigación en la Argentina. El libro no sólo identificó a las víctimas y reunió testimonios directos: también desmontó uno de los argumentos utilizados por la dictadura para justificar los fusilamientos.

La investigación demostró que las detenciones y los traslados se habían producido antes de que se anunciara por radio la aplicación de la ley marcial. Esa diferencia horaria fue decisiva para probar que los fusilamientos fueron clandestinos e ilegales.

Setenta años después, la obra de Walsh y los testimonios de quienes sobrevivieron volvieron a ocupar un lugar central en la reconstrucción judicial de los hechos.

 

 

Qué implica que sean delitos de lesa humanidad

El reconocimiento judicial como delitos de lesa humanidad tiene un alcance histórico y jurídico profundo. Significa que los homicidios, secuestros y fusilamientos fueron cometidos desde el aparato estatal como parte de una persecución política contra población civil.

No se trata solamente de establecer responsabilidades individuales por crímenes cometidos hace décadas. La calificación reconoce que existió una política represiva estatal y que la violencia ejercida no puede ser separada del funcionamiento de la dictadura de la Revolución Libertadora.

Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, el paso del tiempo no borra la obligación estatal de investigar, establecer la verdad, reparar a las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido.

En este caso, la muerte de los responsables impidió una condena penal de cumplimiento efectivo. Pero el Juicio por la Verdad permitió que el Estado argentino fuera responsabilizado formalmente por la planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos.

 

Reparación, memoria y educación

El fallo ordenó la rehabilitación del buen nombre y honor de las doce víctimas, entre asesinados y sobrevivientes.

También dispuso la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, además de su difusión a través de organismos de Derechos Humanos.

Entre las medidas reparatorias se incluyó la incorporación de los hechos probados a los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense. A su vez, se ordenó la instalación de placas conmemorativas en los lugares vinculados con el operativo: la vivienda donde se realizaron las detenciones, los espacios de traslado y el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia también prevé la creación de un sitio de memoria en el lugar donde ocurrió la masacre, con el objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas y garantizar la transmisión histórica de los hechos.

 

Buscan que el fallo sea declarado de interés legislativo

Tras conocerse el veredicto, los diputados bonaerenses Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli presentaron un proyecto para declarar de Interés Legislativo el fallo dictado por la Justicia Federal de San Martín.

La iniciativa también solicita que el Poder Ejecutivo bonaerense avance con una declaración de Interés Provincial sobre la sentencia.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la decisión judicial tiene valor institucional, educativo y democrático, porque reafirma los principios de Memoria, Verdad y Justicia y reconoce una deuda histórica con las víctimas, sus familias y la sociedad argentina.

Setenta años después de aquella madrugada en José León Suárez, la investigación de Rodolfo Walsh encontró una nueva dimensión judicial: los hechos que reveló en Operación Masacre ya no sólo forman parte de la memoria y de la literatura periodística argentina, sino que fueron reconocidos formalmente por la Justicia como crímenes de lesa humanidad.