La caída del consumo y la continuidad del ajuste fiscal comenzaron a reflejarse con mayor fuerza en los recursos que reciben las provincias. Durante junio, la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió un 8,5% interanual en términos reales, mientras que el conjunto de los Recursos de Origen Nacional disminuyó un 4,3%.

Los datos surgen de dos informes elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierten sobre un deterioro simultáneo de la recaudación tributaria, las transferencias automáticas a las provincias y la ejecución del gasto de la Administración Pública Nacional.

 

 

El escenario tiene especial relevancia para la provincia de Buenos Aires y sus municipios, debido a que una reducción de los recursos nacionales incrementa la presión sobre las administraciones provinciales y comunales para sostener servicios, infraestructura y políticas públicas con fondos propios.

 

El consumo también se refleja en la recaudación

Uno de los principales indicadores de la retracción económica es la caída del Impuesto al Valor Agregado, directamente relacionado con el nivel de consumo.

En junio, la recaudación del IVA presentó una baja real interanual del 4,3% y acumuló resultados negativos en nueve de los últimos doce meses. El Impuesto a las Ganancias, otro de los tributos centrales que integran la masa coparticipable, cayó un 14,4% frente al mismo mes del año anterior.

Esta combinación redujo el dinero distribuido automáticamente entre las jurisdicciones. Según el CEPA, todas las provincias tuvieron durante junio caídas reales tanto en la coparticipación como en el total de los Recursos de Origen Nacional.

La situación adquiere mayor dimensión porque los fondos tributarios nacionales representan, en promedio, el 54% de los ingresos de las provincias. Dentro de ese total, la coparticipación aporta cerca del 44,8%.

 

 

El gasto nacional cayó 34% frente a 2023

El deterioro de los ingresos provinciales se produce al mismo tiempo que continúa la reducción del gasto público nacional.

Durante el primer semestre de 2026, el gasto total ejecutado por la Administración Pública Nacional fue un 34% inferior, en términos reales, al registrado durante el mismo período de 2023. Incluso frente a junio de 2025 se verificó una disminución del 4%.

Los mayores recortes aparecen en los servicios económicos, con una reducción real del 72% respecto de 2023. Por su parte, los servicios sociales acumulan una caída superior al 27%.

Dentro de esas áreas, Vivienda y Urbanismo presenta una baja del 99%; Agua Potable y Alcantarillado, del 92%; Promoción y Asistencia Social, del 76%; y Educación y Cultura, del 50%.

 

 

Menos recursos para educación, ciencia y asistencia social

Los informes también detallan reducciones significativas en distintos organismos y programas nacionales.

La ejecución de la Administración Nacional de la Seguridad Social cayó un 15% en términos reales frente a 2023. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución un 75%, mientras que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas registró una caída del 35%.

El programa de Promoción de la Investigación y la Innovación disminuyó un 88%, mientras que Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no tuvieron ejecución durante el período analizado, de acuerdo con el relevamiento.

 

 

Obra pública con niveles mínimos

La infraestructura continúa siendo una de las áreas más afectadas por la política fiscal del Gobierno nacional.

Los programas vinculados con obras viales, rutas, infraestructura municipal, transporte y desarrollo urbano muestran reducciones de entre el 84% y el 100% en comparación con 2023.

También se registran fuertes recortes en las transferencias financieras destinadas a provincias y municipios. Entre ellas figura el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución aparece en cero.

En los distritos bonaerenses, la paralización de estos fondos puede trasladar hacia los gobiernos locales la responsabilidad de atender obras, mantenimiento urbano, demandas sociales y servicios que anteriormente contaban con financiamiento nacional.

 

 

Una excepción dentro del ajuste

En contraste con las caídas observadas en la mayoría de las áreas, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución presupuestaria un 17% en términos reales frente a 2023.

 

 

Al mismo tiempo, los servicios de la deuda pública representaron el 13% de todo el gasto nacional ejecutado durante el primer semestre del año, aumentando su peso dentro de la estructura presupuestaria.

Los datos muestran que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una recuperación sostenida del mercado interno. La caída del consumo reduce la recaudación, afecta los recursos que reciben las provincias y se combina con un recorte nacional que alcanza a la obra pública, la educación, la ciencia, la asistencia social y la infraestructura.