La convocatoria central será desde las 10 frente a la sede del CONICET, en la ciudad de Buenos Aires, donde ATE y colectivos de becarios organizarán una movilización y un “picadito por la ciencia”. Las acciones se replicarán en diferentes provincias.
La protesta busca visibilizar una situación que, según denuncian los trabajadores, amenaza la continuidad de investigaciones, servicios técnicos y proyectos estratégicos desarrollados por el Estado.

Uno de los principales focos del conflicto está en el CONICET. ATE reclama una prórroga para 379 becarios posdoctorales cuyos contratos vencen el 31 de julio.
El sindicato sostiene que estos investigadores no pudieron presentarse anteriormente a la Carrera del Investigador Científico porque la convocatoria fue postergada. También denuncia que permanecen frenados alrededor de 523 ingresos ya concursados para la Carrera del Investigador y otros 179 correspondientes a Personal de Apoyo.
La gacetilla de los trabajadores eleva a cerca de 400 la cantidad de personas cuya continuidad laboral está en riesgo y advierte que se trata de profesionales con aproximadamente ocho años de formación académica y científica.
Además, los representantes gremiales afirman que los salarios del organismo acumulan una pérdida cercana al 40% desde 2023 y que la falta de recursos dificulta la compra de insumos, el mantenimiento de equipos y el desarrollo regular de las investigaciones.
El organismo, en paralelo, mantiene abiertas convocatorias y difundió recientemente los resultados de las becas posdoctorales 2025 y las bases para las becas 2026. Sin embargo, esas convocatorias no resuelven la situación específica de quienes finalizan sus becas actuales, según plantean los trabajadores.

La situación también generó protestas dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ATE informó que las autoridades ratificaron el despido de 62 trabajadores altamente capacitados, pese a los pedidos de reincorporación realizados en distintas sedes del país.
Los cesanteados cumplían tareas en áreas de investigación, desarrollo y funcionamiento técnico en dependencias ubicadas, entre otros lugares, en Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba.

Desde el gremio advierten que la pérdida de personal especializado puede afectar proyectos vinculados con la energía nuclear, la medicina, la producción de radioisótopos, la seguridad y el desarrollo tecnológico.
Este lunes se realizó una radio abierta denominada “Radioactiva” frente a la sede de la CNEA, como parte del plan de lucha. ATE también analiza profundizar las medidas y avanzar hacia un paro nacional en el organismo.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los trabajadores cuestionan un proyecto de reestructuración que, según la Asamblea Multisectorial, podría derivar en 781 despidos.
La aplicación de esa medida se encuentra temporalmente frenada por una cautelar de la Justicia Federal, de acuerdo con la información difundida por las organizaciones gremiales.
Los trabajadores también denunciaron sucesivos cierres de las instalaciones durante los últimos días, a los que calificaron como “lockouts”, y sostienen que la reestructuración amenaza funciones esenciales del organismo.
El INTI brinda asistencia técnica a industrias y pequeñas empresas, realiza certificaciones de calidad, controla instrumentos de medición y participa en procesos necesarios para garantizar la seguridad y la calidad de numerosos productos de consumo cotidiano.
Durante esta semana se desarrollarán asambleas para definir nuevas medidas de fuerza.

El conflicto se extiende al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los trabajadores estiman que el organismo perdió alrededor de 2.000 empleados desde diciembre de 2023, entre despidos, retiros, jubilaciones y contratos que no fueron renovados.
También cuestionan la posible venta de tierras, el cierre de unidades y la reducción de estructuras destinadas a la asistencia técnica de productores.
Entre los casos mencionados aparece la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, cuyo desmantelamiento, según denuncian, afectó el acompañamiento brindado a productores del principal cinturón florihortícola del país.
El INTA cumple una función especialmente relevante para las economías regionales y los distritos agropecuarios del interior bonaerense: genera información sobre cultivos, ganadería, suelos, clima y nuevas tecnologías, además de brindar asesoramiento directo a productores.

Los reclamos no se limitan a las condiciones laborales. Los trabajadores sostienen que la reducción de personal y presupuesto puede afectar servicios que llegan a la industria, el campo, las universidades, los hospitales y las pequeñas y medianas empresas.
La CNEA participa en desarrollos nucleares y aplicaciones médicas; el CONICET produce investigaciones en áreas científicas y sociales; el INTI aporta tecnología y certificaciones al sector industrial; y el INTA trabaja de manera directa con la producción agropecuaria.
Por eso, las organizaciones convocantes presentan la protesta como una defensa del sistema público de ciencia y tecnología y no únicamente como un conflicto salarial.
El miércoles, las movilizaciones buscarán instalar ese debate en todo el país: cuánto personal, financiamiento y capacidad operativa necesita la Argentina para sostener organismos que requieren años de formación, infraestructura especializada y políticas de largo plazo.
