
Adrián Ravier es el nuevo vocero luego de que Manuel Adorni renunciara a su cargo.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” ocuparon buena parte de su exposición. También habló de la compra de tierras rurales por extranjeros, los desalojos, las expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego, la producción agrícola, las inversiones en el Instituto Malbrán y el satélite SABIA-Mar.
Uno de los momentos más fuertes se produjo cuando Ravier fue consultado por los cerca de seis millones de argentinos que tendrían dificultades para pagar créditos personales y deudas de consumo.
El vocero sostuvo que el aumento de la morosidad se encuentra vinculado con la recuperación del crédito después de varios años de inflación elevada y escaso acceso al financiamiento. Según su explicación, tanto los bancos como los usuarios deben atravesar un “proceso de aprendizaje”.
“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, afirmó.
Ravier agregó: “Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado”. En ese sentido, planteó que los ciudadanos deben volver a aprender hasta qué nivel pueden endeudarse y qué cuota pueden pagar de acuerdo con sus ingresos.
El funcionario reconoció que la situación preocupa al Gobierno, aunque aseguró que las entidades financieras trabajan en refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más extensos. También confió en que una reducción de las tasas de interés permitirá facilitar el cumplimiento de las obligaciones.
Ravier presentó los lineamientos del proyecto que prepara el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa todavía está en elaboración y, según explicó, se encuentra en manos del presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.
Por ese motivo, aún no existe una fecha para su envío al Congreso ni se definió por cuál de las dos cámaras ingresará.
El primer objetivo será establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, retomando el criterio de la Carta Orgánica de 1992.
También se buscará prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y evitar la creación de letras intransferibles, instrumentos utilizados cuando el Gobierno toma reservas del Banco Central y entrega títulos que no pueden venderse en el mercado.
Otro de los puntos apunta a fortalecer la independencia de la entidad frente al Poder Ejecutivo y otorgar mayor estabilidad a su presidente y al directorio, elevando los requisitos para su remoción.
Además, se pretende restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por ley, como un escenario de deflación.
El último eje contempla una reforma del Código Penal para endurecer las responsabilidades y sanciones contra futuras autoridades que utilicen, directa o indirectamente, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Para Ravier, los cambios permitirían reducir la discrecionalidad política, aumentar la credibilidad de la política monetaria y evitar que un futuro gobierno vuelva a utilizar el Banco Central para financiar al Tesoro.
Durante la reunión que Milei mantuvo con legisladores también surgió la propuesta de otorgar mayores garantías institucionales al Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Ravier explicó que la iniciativa busca evitar que una futura administración pueda manipular los índices oficiales para justificar decisiones vinculadas con el Banco Central, como la distribución de utilidades en un eventual escenario de deflación.
El vocero recordó la intervención sufrida por el organismo durante el kirchnerismo y señaló que Milei recibió favorablemente la idea. Sin embargo, aclaró que todavía no existe un proyecto concreto y que por el momento se trata de una propuesta en estudio.
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de implementar un mecanismo de cierre parcial de la administración pública cuando el Congreso no apruebe el Presupuesto nacional.
Actualmente, si no se sanciona una nueva ley, el Poder Ejecutivo puede continuar administrando los recursos mediante la prórroga del presupuesto anterior. El denominado “shutdown” eliminaría esa alternativa y obligaría al Congreso a alcanzar un acuerdo.
Ravier aclaró que los servicios esenciales continuarían funcionando, aunque se interrumpirían otras actividades estatales hasta que se apruebe el presupuesto.
El vocero defendió el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” enviado por el Poder Ejecutivo y que será tratado este jueves en el Senado.
La iniciativa se divide en cinco capítulos: expropiaciones, desalojos, tierras rurales, Manejo del Fuego y modernización de los Registros de la Propiedad Inmueble.
Ravier sostuvo que la seguridad jurídica es fundamental para promover el ahorro, la inversión y la llegada de capitales. Como ejemplos de decisiones que deterioraron la confianza, mencionó la pesificación asimétrica posterior a la convertibilidad y la eliminación del sistema de las AFJP.
También aseguró que la Argentina ocupa el segundo lugar mundial entre los Estados con más demandas ante el CIADI, con 65 casos, solamente por detrás de Venezuela.
El primer capítulo propone modificar la Ley 21.499 para establecer requisitos más exigentes antes de que el Estado pueda avanzar con una expropiación.
La declaración de utilidad pública deberá identificar específicamente el objetivo perseguido y demostrar que la medida es idónea, necesaria y proporcional. Si existe otra alternativa que no implique quitarle un bien a su propietario, el Estado estará obligado a utilizarla.
La indemnización deberá calcularse tomando como referencia el valor que tenía la propiedad antes de cualquier anuncio oficial que pudiera modificar su precio. Si el pago se demora, el monto tendrá que actualizarse mediante el Índice de Precios al Consumidor.
El proyecto también volverá a reconocer el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y pueda acreditarse debidamente.
El segundo capítulo busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente.
Según los datos mencionados por Ravier, los procesos actuales pueden demorar más de tres años. El proyecto propone que los desalojos se tramiten mediante juicios sumarísimos, el procedimiento más rápido contemplado por el Código Procesal.
También se incorporarían herramientas para identificar judicialmente propiedades cuya numeración haya sido retirada o alterada y se reducirían los requisitos para solicitar medidas cautelares.
El vocero argumentó que la demora afecta a jubilados que viven de un alquiler, familias que compraron una vivienda con un crédito y también a los inquilinos, debido a que la inseguridad jurídica reduce la oferta y encarece los alquileres.
El tercer capítulo modifica la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. El Gobierno propone eliminar las restricciones generales que limitan la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
Ravier cuestionó topes como el máximo de mil hectáreas en la denominada zona núcleo y afirmó que esas limitaciones frenan proyectos productivos, especialmente en el sector forestal y en provincias del Nordeste, Cuyo y la Patagonia.
No obstante, aclaró que se endurecerán los controles sobre Estados extranjeros, sus empresas y las sociedades controladas por ellos. Estos actores deberán obtener una autorización específica y cualquier intento de eludir la normativa mediante testaferros será considerado una simulación ilícita.
El cuarto capítulo contempla cambios en las restricciones aplicadas sobre campos agrícolas y bosques implantados afectados por incendios.
Ravier aclaró que la protección de los bosques nativos no será modificada y que la Ley de Bosques continuará vigente.
La legislación actual impide cambiar el uso de determinadas superficies durante 30 o 60 años después de un incendio. El Gobierno considera que esa prohibición perjudica a productores que fueron víctimas de hechos accidentales, fenómenos climáticos o acciones de terceros.
La reforma mantendrá las sanciones contra quienes provoquen intencionalmente un incendio para modificar el uso del suelo o desarrollar un negocio inmobiliario, pero evitará que el mismo castigo se aplique automáticamente sobre un productor que no tuvo responsabilidad.
El último capítulo impulsa la modernización de los Registros de la Propiedad Inmueble.
La propuesta incluye la digitalización del sistema, plazos máximos para resolver los trámites y una ventanilla única federal que permita acceder a la información registral desde un solo portal.
Según el vocero, el objetivo es reducir los costos y las demoras en operaciones de compraventa, hipotecas e inversiones, respetando la autonomía de los registros provinciales.
Durante la ronda de preguntas, Ravier fue consultado por el impacto del modelo económico sobre la inversión, el empleo y el poder adquisitivo.
“El crecimiento económico que está viviendo la Argentina no es homogéneo, no es por igual para todos los argentinos”, reconoció.
Como ejemplo, comparó a Neuquén, impulsada por Vaca Muerta y las inversiones energéticas, con la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la industria manufacturera.
El vocero admitió que la apertura de las importaciones puede provocar el cierre o la transformación de determinadas empresas. Mencionó el caso de FATE y reconoció que algunas familias pierden sus puestos de trabajo, aunque aseguró que paralelamente se genera empleo en otros sectores.
Según su interpretación, el cambio de una economía cerrada hacia un modelo liberal y abierto provoca tensiones inmediatas, mientras que sus beneficios podrán observarse con mayor claridad en el mediano y largo plazo.
Ravier admitió que los salarios reales sufrieron una fuerte caída al comienzo de la gestión de Milei, especialmente después de la devaluación aplicada en diciembre de 2023.
Sin embargo, atribuyó ese deterioro a la situación heredada y sostuvo que el tipo de cambio vigente antes del cambio de gobierno era inviable.
Según afirmó, los ingresos comenzaron a recuperarse desde el piso alcanzado a comienzos de 2024. También señaló que durante 2025 la recuperación perdió fuerza debido a la incertidumbre electoral.
El funcionario aseguró que desde marzo el promedio de los salarios nominales comenzó a superar nuevamente a la inflación, aunque reconoció que la recuperación no es continua ni llega de la misma forma a todos los trabajadores.
Ravier reivindicó el paso hacia una economía abierta y consideró que las importaciones permiten resolver cuellos de botella y mejorar la competitividad.
Reconoció que algunas empresas enfrentan dificultades durante la transición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero sostuvo que otros sectores muestran un fuerte dinamismo.
Entre ellos mencionó la energía, la minería, las economías regionales, la ganadería, las pymes exportadoras, los servicios profesionales y las actividades financieras.
“El Presidente Milei y todos los que formamos parte de este Gobierno estamos convencidos de que esto es lo que va a hacer de la Argentina un país grande nuevamente”, expresó.
Dentro de los anuncios económicos, Ravier destacó los resultados de la campaña agrícola 2025/2026.
Según los números presentados por el Gobierno, la producción de soja alcanzó los 49,7 millones de toneladas y se convirtió en la segunda mejor campaña de los últimos siete años.
A esa cifra se sumarían 27,8 millones de toneladas de trigo, una estimación de 70 millones de maíz, 7,4 millones de girasol, 5,6 millones de cebada y 2,9 millones de sorgo.
En conjunto, los seis cultivos alcanzarían una producción aproximada de 163 millones de toneladas.
El vocero atribuyó el resultado a las condiciones climáticas, la incorporación de tecnología, la reducción de aranceles para importar fitosanitarios y fertilizantes, la flexibilización del ingreso de maquinaria agrícola, la baja de retenciones y la unificación del tipo de cambio.
“El campo no necesita otra cosa más que reglas claras, previsibilidad y que el Estado se quite del medio”, afirmó.
Ravier fue consultado además por el buque de guerra británico HMS Medway y la posición del Gobierno frente al reclamo por las Islas Malvinas.
“Claramente, las Malvinas son argentinas. Esto es lo que piensa el Presidente”, respondió.
Anticipó que el canciller Pablo Quirno se pronunciará sobre el movimiento del buque, aunque reconoció no contar con información precisa sobre la demora de una protesta diplomática.
También sostuvo que las expresiones favorables de Milei sobre Margaret Thatcher estuvieron relacionadas con aspectos de su programa económico y no modifican la posición argentina sobre la soberanía de las islas.
Al inicio de la conferencia, Ravier felicitó a la Selección argentina por ubicarse entre los cuatro mejores equipos del Mundial y expresó su deseo de que pueda avanzar a la final.
Posteriormente, aseguró que Javier Milei, Karina Milei y los ministros asumieron el compromiso de no viajar al torneo.
Aclaró que no existió una prohibición para el resto de los funcionarios y que cada uno puede tomar una decisión personal. También admitió que desconocía cuántos integrantes del Gobierno se encontraban en el Mundial.
Sobre la reforma electoral, el vocero ratificó que Milei pretende eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Argumentó que las PASO tienen un costo aproximado de 250 millones de dólares y obligan a los ciudadanos a votar reiteradamente.
En cuanto a las listas colectoras, aclaró que no aparecen en el proyecto del Poder Ejecutivo y que actualmente forman parte de las negociaciones dentro del Congreso.
Ravier anunció la puesta en funcionamiento del reacondicionado Centro de Enfermedades Transmitidas por Alimentos “Doctora Viviana Molina”, dentro del Instituto ANLIS Malbrán.
La intervención demandó una inversión de 295 millones de pesos y permitió reunir en un mismo espacio laboratorios que antes funcionaban de manera separada.
El centro estará destinado a detectar brotes, caracterizar microorganismos y generar información para prevenir enfermedades vinculadas con alimentos y aguas contaminadas, como listeriosis, síndrome urémico hemolítico y cólera.
El vocero también destacó la puesta en funcionamiento del primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 de América Latina, preparado para trabajar con patógenos de alto riesgo, investigar vacunas y antivirales y responder ante emergencias sanitarias.
El Ministerio de Capital Humano ampliará la oferta de capacitaciones gratuitas y presenciales en el centro ubicado en el barrio porteño de La Paternal.
Los cursos se encuentran disponibles a través de la plataforma Formando Capital Humano e incluyen plomería, electricidad domiciliaria, reparación de equipos de aire acondicionado y heladeras, carpintería, instalaciones de gas y paneles solares, operación de drones, manejo de excavadoras, gastronomía, mantenimiento edilicio y atención al cliente.
También se ofrecen herramientas para elaborar currículums, utilizar billeteras virtuales, organizar las finanzas personales y desarrollar emprendimientos.
En el cierre de los anuncios, Ravier informó que el satélite SABIA-Mar se encuentra en una etapa avanzada de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP.
El proyecto, diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, recopilará información ambiental sobre el mar y tendrá aplicaciones productivas y de seguridad.
Sus sensores permitirán detectar la presencia de fitoplancton, identificar zonas favorables para la pesca y aportar datos sobre la calidad del agua en las costas.
Además, sus cámaras y sistemas de geolocalización reforzarán las tareas de vigilancia dentro de la Zona Económica Exclusiva y las acciones de control en el Atlántico Sur.
La conferencia combinó una defensa del programa económico de Milei con el reconocimiento de que la apertura comercial y la transformación de la matriz productiva generan dificultades concretas en algunos sectores. Ravier sostuvo que esos efectos forman parte de una transición que, según la visión oficial, permitirá aumentar las inversiones, la producción, las exportaciones y los salarios reales.