El Gobierno nacional avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La operación comprende la venta del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado.

El proceso fue convocado mediante una licitación pública nacional e internacional y no cuenta con una base ni con un precio mínimo de venta. El plazo para realizar consultas sobre el pliego vencerá el 12 de agosto, mientras que las ofertas podrán presentarse hasta el 27 de agosto a las 9.59.

AySA brinda servicio a alrededor de 14 millones de personas, por lo que su transferencia se perfila como una de las privatizaciones de mayor alcance impulsadas por la administración de Javier Milei.

 

Cómo será la privatización de AySA

La convocatoria prevé que la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% de la empresa, sea transferida a un operador estratégico. El 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El proceso se realizará mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR y tendrá distintas etapas de evaluación. Aunque inicialmente se había dispuesto que al menos el 51% quedara en manos del operador estratégico y el resto se ofreciera en el mercado, el llamado finalmente contempla la venta conjunta de todo el paquete estatal.

El nuevo concesionario tendrá a su cargo la provisión de agua potable y la recolección de desagües cloacales durante un contrato de 30 años.

 

Quiénes aparecen entre los interesados

De acuerdo con información publicada por La Nación, la cantidad de empresas que analizaron los pliegos fue menor a la esperada por el Gobierno. Entre los grupos locales aparece Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Su propuesta se desarrollaría junto con la constructora Rowing.

Transclor es proveedora de policloruro de aluminio, un insumo utilizado para potabilizar el agua, y mantiene contratos con AySA desde hace varios años.

También figura el Grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas y con experiencia en la prestación de servicios de agua. Otro de los interesados sería JCR, una empresa constructora fundada por Juan Carlos Relats.

Entre los posibles participantes internacionales aparecen la brasileña Sabesp, que opera el sistema de agua y saneamiento de San Pablo; representantes vinculados con la filial argentina de la francesa Veolia; y la empresa estatal israelí Mekorot, que participó en reuniones preparatorias, aunque no está confirmado que presente una oferta.

 

Las inversiones previstas

Según el contrato de concesión, el operador deberá invertir cerca de 1.940 millones de dólares durante los primeros cinco años y unos 2.030 millones durante el segundo período. El programa total proyecta inversiones por aproximadamente 15.040 millones de dólares a lo largo de las tres décadas.

Entre las metas iniciales se encuentran la instalación de 100.000 medidores anuales, la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de conductos cloacales por cada ciclo.

El contrato prevé que la cobertura de agua potable pase del 75,3% actual al 78,9% durante la primera década, mientras que el acceso a cloacas aumentaría del 63,9% al 65,3%. Las principales obras de expansión quedarían programadas para etapas posteriores de la concesión.

El Gobierno calcula que la venta del paquete accionario podría generar alrededor de 450 millones de dólares. Sin embargo, el valor final dependerá de las ofertas que se presenten y de la competencia efectiva dentro de la licitación.

 

¿La privatización afecta el servicio de Necochea?

La operación no comprende el sistema de agua potable y cloacas de Necochea y Quequén. AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano, mientras que en el distrito de Necochea las redes son operadas por la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente del EMSUR municipal.

Por lo tanto, el cambio de propiedad de AySA no implica una modificación directa en la prestación local, aunque el proceso será seguido de cerca por tratarse de la transferencia de uno de los principales servicios públicos del país.