
La concentración reunió a organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CGT Regional Necochea, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, que reclamaron por la continuidad del programa y cuestionaron las políticas sociales implementadas por el Gobierno nacional.
En diálogo con NdeN, Aranda explicó que un juzgado de San Martín hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que hasta ahora permitía continuar con los pagos del programa Volver al Trabajo mientras se resolvía la cuestión de fondo.
"Había una medida cautelar y por eso seguían cobrando. Ahora un juzgado aceptó la apelación del Gobierno y dejó sin efecto la cautelar hasta que la Corte Suprema decida la cuestión de fondo", explicó.
Según indicó, será ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver definitivamente si corresponde mantener o no el beneficio.
Para la referente de UTEP, la decisión tendrá consecuencias directas en la economía local.
Aranda aseguró que alrededor de 1.300 familias del distrito dejarán de percibir ese ingreso y estimó que unos 250 millones de pesos mensuales dejarán de circular en Necochea.
"Nos preguntamos qué va a hacer el Estado Nacional con esos 92.700 millones de pesos mensuales que se va a ahorrar. En Necochea dejarán de circular 250 millones de pesos por mes que hoy terminan en alquileres, la Usina, almacenes, kioscos, ferias y pequeños comercios", sostuvo.
Según explicó, ese dinero se destina principalmente a cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, servicios públicos y alquileres, además de sostener el consumo en pequeños comercios de la ciudad.
Durante la entrevista, Aranda también respondió a quienes cuestionan a los beneficiarios de los programas sociales y defendió el trabajo que realizan quienes integran la economía popular.
"¿Quién vive sin trabajar? Nadie. Siempre se trabaja haciendo una pasta para vender, cortando el pasto, haciendo una changa, siendo plomero, carpintero o herrero. Economía popular es trabajo", afirmó.
La dirigente señaló además que muchas familias complementan esos ingresos con trabajos informales y que parte del dinero también se utiliza para sostener comedores y espacios comunitarios.
"Muchas compañeras usaban ese dinero para comprar verduras, condimentos y otras cosas necesarias para cocinar. Ahora ese dinero no va a estar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir preparando la comida?", planteó.
Aranda también destacó que muchas de las personas alcanzadas por el programa participan de capacitaciones gratuitas que se desarrollan a través de los Centros de Formación Profesional.
En ese sentido, adelantó que, una vez finalizado el receso invernal, volverán a dictarse cursos de electricidad, carpintería, costura y nutrición, entre otros oficios.
Finalmente, consideró que la situación económica agrava aún más el panorama para quienes viven de trabajos informales.
"En un país donde el empleo formal cae todos los días y cierran pymes, también se achica el trabajo para quienes viven de una changa. Esa es la realidad que estamos viendo", concluyó.
GRÁFICOS COMPARTIDOS POR LAS ORGANIZACIONES QUE CONVOCARON A LA PROTESTA



