El Gobierno nacional prepara un anteproyecto que podría cambiar por completo la forma en que se venden los libros en la Argentina. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación apunta a derogar la Ley 25.542, que obliga a respetar un precio uniforme para cada título en todas las librerías y puntos de venta del país.

La modificación también alcanzaría a las librerías de Necochea y Quequén. En caso de aprobarse, un mismo libro podría costar un valor en un comercio local, otro en una cadena y otro diferente en una plataforma de comercio electrónico.

No se trata, por ahora, de una ley vigente ni de una reforma aprobada. El propio Ministerio de Desregulación reconoció que el texto continúa en elaboración y que todavía no están definidos todos sus detalles. Para producir efectos deberá ser presentado y aprobado por el Congreso.

 

 

Qué establece actualmente la Ley del Libro

La Ley 25.542 fue sancionada en noviembre de 2001 y publicada en enero de 2002. Su regla central es sencilla: cada editorial, importador o representante debe establecer un precio de venta al público para sus libros, y ese valor debe ser respetado por todos los comercios minoristas.

Esto no significa que el Estado decida cuánto cuesta un libro. El precio lo fija la editorial o el importador, teniendo en cuenta sus costos de producción, impresión, distribución y comercialización. La ley establece que ese precio debe ser uniforme en todo el país.

Así, un título nuevo debe costar lo mismo en una pequeña librería independiente, una gran cadena, un supermercado o una plataforma digital. La competencia entre los comercios se concentra en la atención, la selección del catálogo, la recomendación, las actividades culturales y otros servicios, pero no en grandes rebajas sobre los ejemplares más buscados.

La normativa sí permite descuentos específicos. Autoriza rebajas de hasta el 10% durante ferias, jornadas dedicadas al libro y ventas a bibliotecas, centros de documentación e instituciones culturales sin fines de lucro. También contempla descuentos de hasta el 50% en compras estatales destinadas a la distribución gratuita.

Además, quedan fuera del régimen los libros usados, antiguos, de colección, artísticos, las ediciones limitadas y los títulos retirados del catálogo. Los comercios también pueden liquidar ejemplares después de determinados plazos, por lo que la ley vigente no impide completamente los saldos y las promociones.

 

 

Qué propone el anteproyecto del Gobierno

La intención oficial no se limitaría a modificar algunos descuentos: el borrador apunta a derogar completamente la Ley 25.542. Si el Congreso lo aprobara, cada comercio podría establecer libremente el precio final, aplicar promociones y ofrecer descuentos sin los límites actuales.

El Gobierno sostiene que la medida aumentaría la competencia, permitiría liquidar stock y podría reducir el precio que pagan los lectores. Bajo esa mirada, una librería, una cadena o una plataforma debería tener libertad para elegir su estrategia comercial y ofrecer rebajas sobre determinados títulos.

El borrador difundido también muestra una reformulación del artículo 3 de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. La norma vigente contiene un listado amplio de objetivos estatales, entre ellos fomentar a los autores del interior, fortalecer la producción editorial, promover el acceso a las bibliotecas, respaldar a las pequeñas empresas del sector y desarrollar campañas de lectura.

Las entidades editoriales advierten que esos cambios reducirían el papel asignado al Estado en la promoción del libro, la lectura y la diversidad cultural. El alcance definitivo, sin embargo, sólo podrá determinarse cuando el Poder Ejecutivo publique y presente formalmente el texto completo.

 

 

Por qué están preocupadas las librerías independientes

La principal advertencia del sector es que las empresas con mayor capacidad financiera podrían ofrecer descuentos que una librería pequeña no tiene condiciones de sostener.

Una gran cadena, un supermercado o una plataforma digital podrían vender los libros más populares con márgenes mínimos, o incluso asumir pérdidas durante un período, para atraer compradores y aumentar su participación en el mercado. Las librerías independientes difícilmente podrían mantener esa estrategia sin comprometer su funcionamiento.

El riesgo no estaría distribuido de manera uniforme. Los mayores descuentos probablemente se concentrarían en best sellers, novedades de autores reconocidos y títulos de rápida circulación. Los libros menos comerciales, las obras de autores nuevos y las publicaciones de pequeñas editoriales seguirían vendiéndose con menores rebajas o podrían perder presencia en los catálogos.

Otro argumento oficial es que la liberación de precios facilitaría la liquidación de ejemplares acumulados. Los libreros independientes cuestionan esa explicación porque buena parte del sector trabaja mediante consignación: los libros que no se venden continúan perteneciendo a la editorial y pueden ser devueltos, por lo que no siempre representan un stock comprado que necesite ser liquidado.

 

Cómo podría afectar a las pequeñas editoriales

Las pequeñas editoriales dependen especialmente de una red amplia de librerías para exhibir y recomendar sus títulos. A diferencia de los grandes grupos, suelen publicar autores menos conocidos, ensayos, poesía, literatura infantil especializada o producciones destinadas a públicos más reducidos.

Si las ventas se concentran en cadenas y plataformas que priorizan los libros de mayor rotación, estas editoriales podrían encontrar menos espacios para mostrar sus publicaciones. El problema no sería únicamente vender menos ejemplares, sino perder visibilidad y posibilidades de llegar a nuevos lectores.

Las organizaciones del sector sostienen que una librería independiente no funciona sólo como un punto de venta. También selecciona catálogos, recomienda autores, organiza presentaciones y mantiene disponibles libros que necesitan más tiempo para encontrar compradores. La preocupación es que una competencia centrada casi exclusivamente en el precio debilite esas funciones.

En ciudades como Necochea, donde no existe la misma cantidad de puntos de venta que en los grandes centros urbanos, una eventual reducción de librerías también tendría un efecto territorial: menos lugares para acceder a catálogos diversos, participar de actividades y conocer producciones de editoriales pequeñas.

 

 

¿Los libros serían realmente más baratos?

La respuesta no es lineal. La eliminación del precio uniforme permitiría que determinados libros se vendan con importantes descuentos, especialmente los títulos más populares. Pero eso no garantiza que baje el precio promedio ni que todos los lectores encuentren libros más económicos.

Un comercio grande puede conseguir mejores condiciones de compra por volumen y trasladar parte de ese beneficio a los best sellers. Al mismo tiempo, la editorial podría aumentar el precio de lista para absorber los descuentos exigidos por las cadenas o compensar márgenes comerciales más altos.

En ese escenario, algunos títulos muy vendidos podrían abaratarse, mientras que los libros de circulación más lenta podrían mantener su valor o encarecerse. El resultado dependería del poder de negociación de editoriales, distribuidores, cadenas, plataformas y librerías.

Un estudio publicado en 2024, que comparó países europeos con y sin políticas de precio fijo, encontró que los sistemas regulados estuvieron asociados con mayores ventas de libros y más puntos de comercialización, sin un aumento apreciable del precio promedio. El propio trabajo aclara que sus conclusiones se basan en datos agregados y en una cantidad limitada de cambios regulatorios.

 

El caso del Reino Unido

El Reino Unido aparece como uno de los antecedentes más citados. Durante décadas funcionó allí el Net Book Agreement, un acuerdo mediante el cual los editores establecían el precio minorista. El sistema comenzó a desarmarse en 1995 y fue declarado ilegal en 1997.

Después de la eliminación se multiplicaron los descuentos sobre los títulos más populares y aumentó la participación de supermercados, grandes cadenas y ventas por internet. Un informe del Gobierno británico constató una reducción de las librerías independientes y un traslado de participación hacia las cadenas, aunque señaló que la caída inicial había sido menor que la anticipada por algunos sectores.

Un análisis del economista Francis Fishwick, elaborado con índices oficiales, calculó que entre 1996 y 2018 los precios de los libros en el Reino Unido aumentaron un 80,4%, frente a una inflación general acumulada del 53,9%. Durante ese período, el precio de los libros también creció más que en Francia y Alemania, países que conservaron sistemas regulados.

El mismo estudio observó una caída de la participación de las librerías especializadas y un mayor poder de negociación de los grandes minoristas. También aclaró que otros factores —como el comercio electrónico, los cambios tecnológicos, la concentración empresarial y las variaciones monetarias— influyeron sobre el mercado, por lo que no todos los resultados pueden atribuirse exclusivamente a la eliminación del precio fijo.

La experiencia británica, por lo tanto, no demuestra que todos los libros se hayan encarecido automáticamente. Sí muestra un fenómeno más complejo: grandes descuentos sobre ciertos best sellers, concentración de ventas en pocos operadores y aumentos mayores para buena parte del resto del catálogo.

 

Otros países mantienen el precio fijo

Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur se encuentran entre los países que conservan sistemas de precio fijo o uniforme con distintas modalidades y plazos. La finalidad declarada es evitar que la competencia por los títulos de mayor venta debilite la red de librerías y reduzca la diversidad de publicaciones disponibles.

No existe un modelo idéntico en todos los casos. Algunos países limitan la regulación a los primeros meses posteriores a la publicación; otros permiten pequeños descuentos o establecen excepciones para libros escolares, usados o descatalogados.

La evidencia internacional tampoco ofrece una conclusión absoluta. Sin embargo, cuestiona la idea de que liberar los precios produzca necesariamente una baja generalizada. Los efectos suelen ser distintos según el tipo de libro, el tamaño del comercio y el grado de concentración del mercado.

 

Qué está en juego para los lectores

La aprobación del anteproyecto tendría una consecuencia inmediata y fácil de percibir: el mismo título podría tener distintos precios según dónde se compre.

Para algunos lectores podría significar el acceso a promociones más agresivas sobre novedades y libros masivos. Para otros podría implicar menos librerías cercanas, menor disponibilidad de títulos especializados y una oferta cada vez más condicionada por las decisiones comerciales de grandes cadenas y plataformas.

La discusión no enfrenta simplemente precios altos contra precios bajos. El debate de fondo es quién tendrá capacidad para fijar las condiciones de venta y qué tipo de libros encontrará espacio dentro del mercado.

Hasta que el proyecto sea presentado formalmente, no habrá cambios en las librerías. La Ley 25.542 continúa vigente y el precio establecido por cada editorial o importador debe seguir respetándose en todos los puntos de venta del país.