
La empresa sigue sin completar el pago del sueldo de junio y también mantiene pendientes el medio aguinaldo y una suma no remunerativa retroactiva. En pocos días, además, vencerá el plazo para abonar el salario correspondiente a julio.
Durante la audiencia, la representación empresarial formuló nuevas promesas de pago, pero no regularizó las obligaciones salariales ni presentó una solución definitiva para una situación que se arrastra desde hace meses.
Según informó a NdeN el secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gastón Urrutia, la empresa manifestó que este viernes 31 de julio completaría lo que todavía adeuda del salario de junio.
También prometió pagar el miércoles 5 de agosto una diferencia estimada en aproximadamente $75.000.
Además, supeditó otros pagos al ingreso de fondos:
La diferencia pendiente de la cuota no remunerativa correspondiente a febrero, que debía abonarse el 30 de mayo.
El 50% del sueldo de julio, que sería afrontado con la llegada del próximo subsidio.
Se trata, sin embargo, de compromisos cuyo cumplimiento todavía deberá verificarse. La audiencia terminó sin que la empresa cancelara las deudas ni alcanzara un acuerdo que permita considerar resuelto el conflicto.
La gravedad del cuadro radica en que los choferes continúan prestando el servicio mientras atraviesan el final de julio sin haber percibido la totalidad del salario correspondiente a junio.
A esa deuda se suman el medio aguinaldo y el retroactivo salarial, cuando restan pocos días para que también venza el plazo legal de pago del sueldo de julio.
La empresa permanece así en una situación de incumplimiento salarial, con trabajadores que deben afrontar sus gastos cotidianos sin haber recibido en tiempo y forma los ingresos que les corresponden.
La representación sindical dejó asentado que las promesas formuladas constituyen únicamente un “avance parcial destinado a paliar la grave situación económica que atraviesan los trabajadores”.
También aclaró que aceptar el cronograma planteado no implica una renuncia, modificación o desistimiento respecto de las sumas adeudadas ni de los derechos individuales y colectivos del personal.
“Resulta prioritario adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo, la regularización total de las obligaciones salariales pendientes y la prestación normal y continua del servicio público de transporte de pasajeros”, expresó la representación sindical.
La UTA anticipó que continuará impulsando todas las acciones administrativas y legales correspondientes hasta conseguir:
La cancelación íntegra de las deudas laborales.
La regularización definitiva de los salarios.
La estabilidad laboral de todos los trabajadores.
La continuidad de las fuentes de trabajo.
La prestación normal del servicio para los usuarios.
El conflicto será tratado este jueves 30 de julio, a las 10.30, durante una reunión conjunta de las comisiones de Transporte y Trabajo del Concejo Deliberante de Necochea.
Del encuentro participarán concejales, representantes sindicales y trabajadores de la empresa, quienes expondrán la crítica situación salarial y la incertidumbre que atraviesa el sistema.

“Es un reclamo que tenemos que hacer juntos: choferes y pasajeros. Así no se puede continuar”, expresaron en la convocatoria compartida con NdeN.
La movilización busca visibilizar que el conflicto no afecta solamente a las familias de los trabajadores, sino también a miles de vecinos que necesitan diariamente el transporte público para movilizarse por Necochea y Quequén.
La próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo fue fijada para el jueves 6 de agosto.
Para esa instancia, el organismo laboral solicitó expresamente la presencia de Julio Braña, presidente de Transportes Necochea S.A.
Braña deberá explicar qué medidas prevé adoptar la empresa, cuál es su postura frente a la crisis y cómo pretende garantizar, de aquí en adelante, el pago de los salarios, la continuidad de las fuentes laborales y la prestación del servicio.
La audiencia se produjo después de la retención de tareas que dejó a Necochea y Quequén casi 48 horas sin colectivos, entre el martes 21 y el jueves 23 de julio.
Los choferes retomaron sus tareas, pero lo hicieron sin que la empresa hubiera regularizado las deudas salariales.
El conflicto se desarrolla, además, en medio de una profunda incertidumbre sobre el futuro del transporte público: la primera licitación quedó desierta, la prestación continúa mediante una prórroga de 90 días y el Municipio abrió un segundo llamado, cuya apertura de sobres está prevista para el 21 de agosto.
Por ahora, la crisis continúa abierta. La empresa solo presentó nuevas promesas y los trabajadores siguen esperando cobrar, mientras se acercan nuevos vencimientos salariales y crece la preocupación por la continuidad del servicio.