El bloque de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) volvió a impulsar en el Concejo Deliberante de Necochea la implementación de la capacitación obligatoria en discapacidad para funcionarios y trabajadores municipales.

Los concejales Bettiana Pustilnick y Juan Pablo de la Hera presentaron un Proyecto de Resolución para solicitarle al Departamento Ejecutivo que articule la formación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

La iniciativa surge luego de que la Provincia de Buenos Aires reglamentara la Ley Nº 15.296 mediante el Decreto Provincial Nº 737/2026, que organiza la implementación de la capacitación obligatoria en discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.

Qué le pide la ACT al Municipio

Además del Proyecto de Resolución, el bloque presentó una Minuta de Comunicación para conocer si el Municipio ya efectuó el requerimiento correspondiente ante el organismo provincial.

La ACT solicita que el Ejecutivo informe:

• Si realizó el pedido de capacitación ante el IPAP.
• Cuáles fueron los resultados de la gestión.
• Qué modalidad tendría la formación.
• Si existe un cronograma previsto para su implementación.

La reglamentación provincial establece que el IPAP deberá atender los requerimientos de capacitación formulados por los municipios que adhieran a la Ley 15.296.

Qué establece la ley bonaerense

La normativa dispone la capacitación obligatoria en discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública provincial.

La formación alcanza a trabajadores y funcionarios:

• De todos los niveles y jerarquías.
• Con desempeño permanente o transitorio.
• Designados por elección, concurso o contratación.
• Pertenecientes a los tres poderes del Estado bonaerense.

Además, la capacitación será un requisito para la promoción por concurso o la progresión dentro de la función pública.

La ley también establece que las personas con discapacidad, las organizaciones que las nuclean y sus representantes deberán participar en la planificación, implementación y evaluación de los contenidos.

El rol del IPAP y del COPRODIS

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales, fue designado como autoridad de aplicación.

El IPAP tendrá a su cargo la implementación de las capacitaciones y deberá trabajar de manera articulada con el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad (COPRODIS).

El objetivo de la formación es incorporar la perspectiva de discapacidad en las decisiones del Estado, mejorar la atención en las dependencias públicas y avanzar en la eliminación de barreras institucionales y actitudinales.

También busca garantizar un trato respetuoso, evitar prácticas discriminatorias y lograr que la accesibilidad sea contemplada desde el diseño de cada política pública.

Un reclamo que comenzó en enero

No es la primera presentación realizada por la ACT sobre esta temática.

En enero de 2026, el bloque vecinalista había ingresado un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Necochea adhiriera formalmente a la Ley Provincial 15.296.

La propuesta buscaba que la capacitación alcanzara a funcionarios y trabajadores de todos los niveles de la administración municipal.

En febrero, la iniciativa fue analizada por el Consejo de Discapacidad de Necochea, durante una reunión de la que participaron concejales, funcionarios y representantes de organizaciones locales.

Ahora, con la reglamentación provincial vigente y el mecanismo de articulación con el IPAP definido, la ACT reclama que el Ejecutivo avance hacia su implementación efectiva.

El contraste con la política nacional

La decisión de la Provincia de avanzar con esta capacitación se produce en medio de una fuerte controversia nacional por las políticas destinadas al sector.

La Ley Nacional 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras con los votos necesarios para rechazar el veto.

La aplicación de la norma y su financiamiento derivaron luego en una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.

El escenario expone dos orientaciones diferentes: mientras la Provincia reglamentó una herramienta para incorporar la discapacidad como una perspectiva transversal dentro del Estado, el Gobierno nacional mantiene una controversia judicial por la implementación de la emergencia.

De la reglamentación a las acciones concretas

La reglamentación representa un primer paso, pero su impacto dependerá de que la formación llegue efectivamente a los organismos públicos y a los municipios.

Para la ACT, el desafío es que Necochea avance con acciones concretas, defina un cronograma y convierta la capacitación en una política permanente.

La formación del personal municipal puede contribuir a mejorar la atención cotidiana, eliminar barreras y garantizar que las decisiones del Estado local contemplen los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad.