El Senado de la Nación buscará debatir este jueves 6 de agosto el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la senadora Patricia Bullrich.

La iniciativa introduce cambios sobre expropiaciones, desalojos, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios. Sin embargo, el punto que concentra mayor oposición es la eliminación de los límites nacionales que actualmente regulan la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

Los sectores que rechazan la propuesta la denominan “ley de extranjerización de tierras” y advierten que podría profundizar la concentración del territorio y facilitar el control privado de zonas con recursos estratégicos, como agua, minerales, bosques y tierras productivas.

Ante el tratamiento previsto, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, movimientos sociales, organizaciones ambientales y sectores políticos convocaron a una movilización frente al Congreso.

 

 

La convocatoria para este jueves

Las organizaciones anunciaron una concentración desde las 12 horas en las inmediaciones del Congreso, con puntos de encuentro sobre Rivadavia y Rodríguez Peña, en la Ciudad de Buenos Aires.

La CGT confirmó que acompañará la protesta junto con las dos CTA, organizaciones nucleadas en la UTEP, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, agrupaciones ambientalistas y espacios de la oposición.

La movilización es la actividad central de una campaña federal desarrollada bajo las consignas “Argentina no se vende”, “Por la tierra y el agua” y “La soberanía no se negocia”.

Durante los días anteriores se organizaron talleres, radios abiertas, recolecciones de firmas, intervenciones callejeras y banderazos en distintos puntos del país. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el CONICET, también impulsó un documento contra el proyecto que reunió miles de adhesiones.

El rechazo recibió además pronunciamientos de organismos de derechos humanos, comunidades campesinas e indígenas y sectores religiosos, entre ellos Endepa, Pastoral Social y Cáritas.

 

 

Qué establece actualmente la Ley de Tierras Rurales

La normativa vigente es la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011. Su objetivo es regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La ley no prohíbe la inversión extranjera, pero establece límites:

• La titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional.
• Ese mismo límite del 15% se aplica en cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.
• Las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo, equivalente al 4,5% del total.
• Un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente en otras regiones, según la calidad y ubicación del suelo.
• Los extranjeros no pueden adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
• Las operaciones en zonas de seguridad de frontera están sometidas a controles y autorizaciones especiales.

La ley también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de registrar la titularidad extranjera, controlar el cumplimiento de los límites y emitir los certificados necesarios para las operaciones.

La normativa respeta los derechos adquiridos antes de su entrada en vigencia: quienes ya tenían superficies superiores a los límites no fueron obligados a desprenderse de ellas. El texto completo puede consultarse en el sitio oficial de normativa nacional.

 

 

Qué propone cambiar el proyecto

El proyecto no elimina por completo la Ley de Tierras Rurales, pero reemplaza y deroga varios de sus artículos centrales.

El nuevo texto establece que cada provincia conservará jurisdicción plena sobre su territorio y podrá dictar su propio régimen. Al mismo tiempo, elimina de la legislación nacional:

• El tope general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras.
• El límite del 30% para propietarios de una misma nacionalidad.
• El máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo o su equivalente.
• La prohibición específica de adquirir campos que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes.
• El Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que actualmente coordina la política nacional sobre la materia.

La iniciativa mantiene la obligación de registrar las adquisiciones realizadas por extranjeros y la prohibición de utilizar personas o sociedades como titulares ficticios.

También prohíbe la compra directa de tierras rurales por parte de Estados extranjeros. Las empresas con participación estatal extranjera solamente podrían adquirirlas con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

En las zonas de seguridad de frontera continuarían vigentes controles especiales y se exigiría autorización provincial y nacional.

En términos prácticos, si una provincia no establece restricciones propias, los compradores extranjeros privados podrían adquirir tierras sin los topes nacionales vigentes hasta ahora. Esa es la modificación que genera el mayor cuestionamiento.

 

 

Los argumentos del Gobierno

El oficialismo sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones y que las provincias deben tener la facultad de decidir qué régimen aplicar dentro de sus territorios.

Durante el debate en comisiones, Bullrich afirmó que el objetivo es abandonar una regulación centralizada y reconocer la potestad provincial sobre sus recursos. También argumentó que una persona extranjera que vive en Argentina debe tener los mismos derechos civiles que una argentina para comprar propiedades.

El Gobierno diferencia además a los inversores privados de los Estados extranjeros: propone flexibilizar las adquisiciones de los primeros y mantener prohibiciones sobre los segundos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó esa posición y sostuvo que no tendría inconvenientes en vender tierras a un comprador extranjero.

El proyecto obtuvo dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, aunque atravesó numerosas modificaciones y su tratamiento en el recinto fue postergado en cuatro oportunidades. El Senado informó oficialmente que el dictamen deja en manos provinciales la regulación de posibles restricciones.

 

Por qué lo rechazan organizaciones sociales y ambientales

Los sectores opositores consideran que la tierra no debe ser tratada únicamente como un bien inmobiliario, debido a su relación con la producción de alimentos, el agua, la biodiversidad, los minerales y la soberanía territorial.

El Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET advirtió que la eliminación de los límites nacionales podría favorecer una mayor concentración, aumentar el valor de los campos y dificultar el acceso a la tierra para productores locales, comunidades campesinas y pueblos originarios.

También cuestionó que la regulación quede fragmentada entre las provincias y que desaparezcan controles nacionales sobre inmuebles vinculados con ríos, lagos y otras fuentes de agua.

Según un relevamiento presentado por ese organismo en enero de 2026, más de 13 millones de hectáreas —casi el 5% del territorio nacional— están en manos de firmas o propietarios extranjeros. El estudio identificó además 36 departamentos donde la extranjerización ya supera el 15%. Ver relevamiento del Observatorio de Tierras.

El CELS sumó cuestionamientos a los cambios en materia de desalojos y advirtió que podrían afectar especialmente a familias, comunidades indígenas y campesinas que habitan territorios sin contar todavía con títulos regularizados.

 

Expropiaciones, desalojos y tierras incendiadas

La propuesta contiene 48 artículos y excede ampliamente la discusión sobre compradores extranjeros.

También modifica el régimen de expropiaciones, incorpora el valor de mercado para calcular indemnizaciones, regula el reconocimiento del lucro cesante y establece que no podrá transferirse el dominio sin el pago previo.

En materia de desalojos, acelera los procedimientos judiciales e incorpora mecanismos de restitución inmediata de inmuebles en determinados casos.

Además, modifica la Ley de Manejo del Fuego y las restricciones para cambiar el uso de tierras después de incendios. Las organizaciones ambientales cuestionan que esas modificaciones puedan reducir herramientas destinadas a desalentar quemas intencionales con fines productivos o inmobiliarios.

 

Qué puede ocurrir en el Congreso

El resultado de la votación todavía es incierto. El oficialismo necesita el acompañamiento de bloques aliados y de senadores provinciales para alcanzar la mayoría.

Si el Senado aprueba el proyecto este jueves, la iniciativa obtendrá media sanción y deberá ser enviada a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la votación no implicaría todavía su entrada en vigencia ni la modificación inmediata de la actual Ley de Tierras Rurales.

Mientras continúan las negociaciones, las organizaciones convocantes buscan que la movilización frente al Congreso influya sobre los legisladores que aún no definieron su posición.