La difusión de una serie de videos registrados dentro de un geriátrico de Mar del Plata permitió descubrir los maltratos que sufrían dos adultas mayores por parte de uno de los hombres encargados de cuidarlas.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, quien trabajaba desde el 29 de abril en el Hogar David, ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000, en inmediaciones de Funes.

 

 

Las cámaras de seguridad lo registraron mientras golpeaba, insultaba y amenazaba a dos residentes de 83 y 93 años. Inicialmente fue aprehendido y liberado bajo una acusación por lesiones leves, pero los estudios médicos revelaron que una de las mujeres había perdido dos piezas dentales.

La causa fue entonces recalificada y la Justicia ordenó detenerlo nuevamente. Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y se negó a declarar ante el fiscal.

 

Cómo se descubrieron los maltratos

Los episodios que dieron origen a la investigación ocurrieron el lunes 27 de julio, minutos después de las 19.

Una trabajadora del establecimiento alertó a sus responsables sobre la conducta de Cichero. A partir de ese aviso, la propietaria revisó las grabaciones de las cámaras internas y comprobó las agresiones.

También habían surgido inquietudes por lesiones observadas en las residentes. Una familiar de una de las víctimas se presentó posteriormente ante los instructores judiciales y fue incorporada a la investigación.

La denuncia formal fue realizada por los responsables del Hogar David en la Comisaría Primera de Mar del Plata. El empleado fue despedido al día siguiente y las filmaciones quedaron a disposición de la Justicia.

Por lo tanto, el caso no comenzó directamente por la viralización de los videos: primero se produjo el aviso interno, después la revisión de las cámaras y la denuncia y, finalmente, las imágenes tomaron estado público.

 

Golpes mientras alimentaba a una mujer de 83 años

En una de las grabaciones se observa a Cichero mientras alimentaba a una residente de 83 años que se encontraba en silla de ruedas.

En medio de esa tarea, el cuidador le propinó un golpe en la boca con una cuchara. La mujer se tomó el rostro, comenzó a llorar y el hombre respondió de manera intimidatoria: “¿Tenés ganas de llorar?”.

En un primer momento se informó que la víctima había sufrido un corte superficial en el labio. Sin embargo, una posterior evaluación odontológica constató la pérdida de dos dientes incisivos superiores.

El resultado modificó por completo la situación del acusado: el episodio dejó de investigarse como una lesión leve y pasó a ser considerado una lesión grave agravada por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

La Fiscalía sostuvo que la pérdida de esas piezas puede afectar la alimentación y provocar complicaciones adicionales debido a la edad y el estado de salud de la víctima.

 

Insultos y amenazas contra otra residente

Minutos después, las cámaras registraron un segundo episodio contra otra mujer, de 93 años, cuando Cichero la trasladaba hasta una habitación y se preparaba para acostarla.

Las imágenes muestran que la manipuló de manera brusca, le colocó durante algunos segundos una prenda sobre la cabeza y la intimidó mientras la mujer lloraba y preguntaba qué había hecho.

Entre otros insultos, se lo escucha decirle que debía morirse y amenazarla con romperle la cabeza si intentaba golpearlo.

Por ese episodio, el fiscal Carlos Russo, a cargo de la UFI N°7, le atribuyó el delito de coacción.

 

Amenazó a la compañera que reveló lo sucedido

La causa incorporó un tercer hecho ocurrido el martes 28 de julio, después de que la trabajadora alertara a los responsables del geriátrico.

Según la investigación, Cichero le envió un mensaje por WhatsApp en el que le advirtió que “le iba a pasar algo” y que la lastimaría por haber contado lo sucedido.

La amenaza fue denunciada y quedó incorporada al expediente. Este episodio resultó clave para solicitar una nueva detención y motivó el secuestro del teléfono celular del acusado.

El dispositivo será sometido a pericias para determinar si conserva el mensaje y si contiene otras comunicaciones de interés para la investigación.

 

Primero fue aprehendido y recuperó la libertad

Durante las primeras horas de la causa, la Justicia dispuso que Cichero fuera localizado y aprehendido para notificarlo formalmente de la investigación.

En ese momento, el caso se encontraba encuadrado como lesiones leves, debido a que todavía no se conocía el resultado completo de los estudios realizados a la mujer golpeada.

Después de ser notificado, el acusado recuperó la libertad y quedó sujeto al avance del expediente.

Sin embargo, la comprobación de la pérdida de las dos piezas dentales, el análisis de las grabaciones y la denuncia por la amenaza contra su compañera agravaron considerablemente su situación procesal.

 

La segunda detención y el traslado a Batán

Con los nuevos elementos, el fiscal Russo solicitó la detención de Cichero por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

El pedido fue autorizado por el juez de Garantías Daniel De Marco y ejecutado el viernes 31 de julio por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata.

El acusado fue localizado en una vivienda situada en la zona de Juan Néstor Guerra al 800, donde se encontraba desde el miércoles al mediodía.

De acuerdo con el parte policial, permanecía en la casa de una amiga luego de abandonar el domicilio de su madre, donde se habían producido distintos escraches tras la viralización de los videos.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron su teléfono celular. Después del procedimiento, Cichero fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

 

 

Se negó a declarar ante el fiscal

El sábado 1° de agosto, el acusado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo.

Acompañado por integrantes de la Defensoría Oficial N°1, decidió no responder las preguntas relacionadas con las agresiones contra las dos residentes.

Solamente negó haber amenazado a la trabajadora que dio aviso sobre los maltratos.

Después de la audiencia fue trasladado nuevamente a Batán, donde continúa detenido. Su defensa anticipó que solicitará la excarcelación.

En caso de ser declarado culpable por todos los delitos atribuidos, podría afrontar una pena de entre tres y 16 años de prisión, debido a que las acusaciones concurren de manera real, según explicó el fiscal. Detalles de la indagatoria y la acusación.

 

Investigan si hubo más víctimas

La causa no se limita a los dos episodios difundidos públicamente.

La Fiscalía ordenó secuestrar y analizar los equipos de grabación del geriátrico para revisar las imágenes correspondientes a los meses anteriores.

Cichero trabajaba en el establecimiento desde el 29 de abril, por lo que los investigadores buscan determinar si existieron otros hechos de violencia durante ese período y si pudo haber más residentes afectados.

También se tomarán nuevas declaraciones testimoniales a trabajadores, responsables del hogar y familiares de las personas alojadas.

 

El geriátrico fue clausurado por irregularidades

Después de que el caso tomara estado público, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del Hogar David.

La medida administrativa no fue aplicada directamente por las agresiones, sino por irregularidades que ya habían sido detectadas durante una inspección realizada el 12 de marzo de 2026.

 

 

El establecimiento había sido intimado a renovar su habilitación sanitaria, pero no inició el trámite dentro del plazo correspondiente.

Los inspectores también habían observado:

• La presencia de personas menores de 65 años.
• La falta de un contrato con una empresa habilitada para tratar residuos patogénicos.
• Irregularidades relacionadas con el procesamiento de esos residuos.

La clausura permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen la situación administrativa y sanitaria. Información sobre la clausura.

 

El comunicado del Hogar David

Tras la difusión de los videos, los responsables de la residencia emitieron un comunicado en el que repudiaron las agresiones y afirmaron que acompañan a las familias afectadas.

También aseguraron que fueron ellos quienes promovieron las acciones judiciales y se pusieron a disposición de la investigación.

La institución sostuvo que no tolera ninguna forma de violencia contra los residentes y buscó despegar el funcionamiento general del establecimiento de la conducta atribuida a su exempleado.

 

 

Mientras tanto, la causa continúa con el análisis del celular, las declaraciones testimoniales y la revisión integral de las grabaciones para establecer si los episodios filmados fueron hechos aislados o parte de una práctica reiterada.