Después de varios intentos fallidos y al menos 16 borradores, La Libertad Avanza desistió de eliminar completamente los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La última versión propone elevar del 15% al 25% el máximo permitido dentro de cada provincia.
El cambio mejoró las posibilidades del oficialismo, pero no cerró la discusión. El relevamiento de los principales medios nacionales muestra dos escenarios diferentes: mientras un conteo detallado registra 35 votos afirmativos, 34 negativos y tres legisladores en duda, fuentes libertarias aseguran que la nueva redacción les permitiría alcanzar entre 38 y 40 respaldos.
Esos apoyos adicionales, sin embargo, todavía no fueron identificados ni confirmados públicamente por los senadores involucrados. Por eso, al cierre de este lunes 3 de agosto, cerca de las 19, el resultado continúa abierto.

El proyecto se denomina oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 27 de marzo, bajo el expediente PE-13/26.
Contrariamente a lo informado por algunos medios, la iniciativa no tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El jueves buscará ser aprobada por primera vez en el Senado y, si lo consigue, deberá pasar a la Cámara baja.
El texto no se limita a la propiedad de tierras rurales. También incluye:
El capítulo de las tierras es el principal obstáculo. El pasado 16 de julio, cuando el oficialismo comprobó que no reunía los votos para aprobarlo, Patricia Bullrich pidió pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Este jueves, por lo tanto, el Senado no realizará una sesión completamente nueva, sino que reanudará aquella discusión interrumpida.
La Ley 26.737, sancionada en 2011 y actualmente aplicada por una resolución judicial, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país.
Ese porcentaje debe respetarse en tres niveles:
La intención original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, era eliminar prácticamente todas las restricciones para personas y empresas privadas extranjeras.
Ante la resistencia de radicales, bloques provinciales y sectores aliados, el Gobierno modificó su posición. El borrador que comenzó a circular este lunes establece un máximo del 25% de las tierras rurales de cada provincia.
La concesión significa que ya no se permitiría una compra sin límites, pero tampoco implica conservar el régimen vigente: el porcentaje aumentaría diez puntos y desaparecerían varios controles adicionales.
La modificación no consiste solamente en reemplazar el 15% por el 25%.
De acuerdo con el articulado difundido, dejaría de existir el límite específico dentro de cada municipio o departamento. Esto permitiría que la propiedad extranjera se concentre en una determinada zona de una provincia, siempre que el total provincial no supere el 25%.
También se eliminarían:
En la práctica, una compañía extranjera podría adquirir una superficie muy superior a las 1.000 hectáreas y concentrarla en un mismo partido o departamento.
El punto tiene una relevancia particular para provincias extensas como Buenos Aires: un distrito rural podría registrar un porcentaje muy elevado de extranjerización sin que se incumpla el límite general de toda la provincia.
El borrador conserva la prohibición para que un Estado extranjero adquiera directamente tierras rurales argentinas.
Para las empresas con participación de gobiernos extranjeros se aplicaría un sistema de doble autorización: la operación necesitaría el aval de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo nacional.
Un mecanismo similar alcanzaría a determinadas compras en zonas de seguridad de frontera.
También continuarían prohibidas las operaciones realizadas mediante testaferros, personas interpuestas o titularidades ficticias destinadas a ocultar al verdadero comprador.
El alcance de las facultades que tendrán las provincias para imponer restricciones adicionales es otro de los asuntos discutidos. Los senadores aliados reclaman que cada jurisdicción pueda fijar condiciones propias, mientras que Sturzenegger se resistió a una redacción que pueda derivar en 24 regímenes diferentes.
El conteo más detallado disponible ubica hasta el momento 35 votos a favor, 34 en contra y tres senadores en duda.
La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios. Para llegar a los 35 apoyos que calcula el oficialismo necesita sumar 14 senadores de otras fuerzas: tres del PRO, siete de la UCR y cuatro representantes de bloques provinciales o unipersonales.

Los apoyos políticamente más sensibles para el Gobierno son los 14 votos que no pertenecen a La Libertad Avanza. Dentro de ese grupo aparecen los diez senadores del PRO y la UCR, pero también cuatro nombres de fuerzas provinciales: Beatriz Ávila, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola y Flavia Royón.
También resulta significativo que Espínola y Alejandra Vigo integren el mismo bloque, Provincias Unidas, pero aparezcan en posiciones contrarias: el correntino acompañaría la reforma y la cordobesa votaría en contra.
Convicción Federal se contabiliza por separado porque sus tres integrantes abandonaron formalmente el Interbloque Popular en febrero. Por eso, los 25 votos de ese interbloque corresponden al bloque Justicialista y a sus aliados de Justicia Social Federal y el Frente Cívico por Santiago.
Los dos senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aparecen entre los votos decisivos.

Carlos Arce, Senador por Misiones (Encuentro Misionero).

Sonia Rojas Decut, Senadora por Misiones (Encuentro Misionero).
Ambos responden al oficialismo provincial y habían acompañado al Gobierno en diferentes votaciones. Sin embargo, la presión política y social en Misiones generó dudas sobre su respaldo a la modificación de la Ley de Tierras.
La tercera legisladora observada es Edith Terenzi, de Chubut. También existen reparos en torno a la posición de Andrea Cristina, del PRO chubutense, aunque algunos conteos la ubican dentro de los votos afirmativos.

Edith Terenzi, Senadora por Chubut (Despierta Chubut).
Si los tres senadores indecisos votaran a favor, el Gobierno alcanzaría 38 votos. Si se inclinaran en contra, la iniciativa podría quedar rechazada por una diferencia mínima.
Las ausencias también serán determinantes. El Senado tiene 72 miembros y necesita al menos 37 presentes para funcionar. Con asistencia completa y sin abstenciones, 37 votos afirmativos aseguran la aprobación; con un número menor de presentes, el resultado puede modificarse.
La diferencia entre los conteos se explica, en parte, por el momento en que fue publicada cada información.
El Cronista informó durante la primera parte del lunes que el oficialismo reunía 35 votos. Horas después, La Nación señaló que, con la nueva concesión, fuentes parlamentarias calculaban entre 38 y 40 apoyos.
Esa cifra representa la expectativa del oficialismo tras distribuir el nuevo borrador, pero todavía no existe una nómina pública que permita comprobar cuáles serían los senadores que cambiaron su posición.
Página/12, en una publicación difundida cerca de las 19, sostuvo que no se descarta una nueva postergación si las negociaciones vuelven a fracasar.
Por eso, la conclusión más precisa es que el Gobierno se acercó a la mayoría, pero todavía no puede dar la votación por ganada.
Patricia Bullrich brindará este martes a las 16 una conferencia de prensa junto con los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.
Allí presentarán la redacción que el oficialismo pretende llevar al recinto y buscarán transmitir que el acuerdo con los bloques aliados está cerrado.
La conferencia también permitirá saber si el límite del 25% será la versión definitiva, qué facultades conservarán las provincias y cuáles de las restricciones actuales serán eliminadas.
Hasta entonces, la situación continúa abierta: La Libertad Avanza cedió en el punto que defendía Sturzenegger, pero todavía depende de un pequeño grupo de senadores provinciales para evitar una nueva derrota o postergación.
