El ingreso y egreso de buques quedó paralizado el lunes 3 de agosto en Puerto Quequén como consecuencia del conflicto nacional desatado por la reforma del régimen de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La situación local fue confirmada a NdeN por un miembro del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

“Se paró el ingreso y egreso de buques, pero la operatoria de carga y descarga está funcionando”, precisó.

Esto significa que las embarcaciones que ya se encontraban amarradas podían continuar operando en los muelles, pero no abandonar el puerto. Al mismo tiempo, los barcos que aguardaban en rada tampoco podían ingresar.

La fuente consultada explicó que al cierre del lunes no existían certezas sobre lo que ocurriría durante la jornada del martes. Hasta el momento tampoco fue comunicada oficialmente una normalización de la actividad en Puerto Quequén.

Qué pasó este martes

El martes 4 de agosto comenzó sin un acuerdo anunciado que permitiera considerar superado el conflicto nacional.

La principal novedad fue la publicación de un edicto de la Prefectura Naval Argentina en el Boletín Oficial, firmado por el prefecto nacional naval Guillermo José Giménez Pérez y dirigido a los profesionales incluidos en un anexo elaborado por el organismo.

Prefectura los intimó a ponerse inmediatamente a disposición para prestar los servicios de practicaje y pilotaje y advirtió que la negativa podría ser considerada una falta grave, con la aplicación de sanciones disciplinarias y administrativas.

El organismo también señaló que las acciones destinadas a interrumpir el servicio podrían quedar comprendidas en los artículos 190 y 194 del Código Penal, vinculados con la seguridad de la navegación y el entorpecimiento del transporte y los servicios públicos.

Esto no significa que ya se hayan aplicado sanciones penales. El edicto advierte sobre un eventual encuadre de las conductas, que deberá ser evaluado por las autoridades correspondientes.

La publicación confirma que el Gobierno no había logrado normalizar el sistema y decidió aumentar la presión sobre los profesionales.

Un diálogo que no logró destrabar el conflicto

Representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se comunicaron con autoridades de la Asociación de Prácticos de la República Argentina para intentar abrir un canal de diálogo.

La entidad manifestó su disposición a conversar, pero fijó como condición previa la suspensión o eliminación del Decreto 690/2026.

Los profesionales sostienen que no puede existir una negociación en igualdad de condiciones mientras continúe vigente la norma que modificó de manera abrupta el régimen bajo el cual desarrollan una actividad con responsabilidades profesionales, civiles y penales.

Hasta el momento no fue anunciado un acuerdo, una suspensión del decreto ni una fecha concreta para la normalización de las operaciones.

Una desregulación que terminó frenando los puertos

El conflicto comenzó después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno de Milei reemplazó el régimen que regulaba el practicaje desde 1991.

La reforma fue impulsada como parte de la política de desregulación encabezada por Federico Sturzenegger y modificó aspectos centrales de una actividad estratégica para la navegación y el comercio exterior.

Entre otros puntos, abrió sin límites el registro de profesionales habilitados, permitió su contratación directa, estableció que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación determinará tarifas máximas y amplió los casos en los que determinados capitanes pueden obtener certificados de conocimiento de zona.

El decreto también habilitó a Prefectura y, eventualmente, a la Armada Argentina a prestar el servicio frente a situaciones excepcionales. Además, permitió autorizar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona para intervenir cuando el sistema no funcione con normalidad.

El Gobierno aseguró que los cambios aumentarían la competencia, reducirían los costos y evitarían que un conflicto paralizara el comercio exterior.

El resultado inmediato fue el contrario: ingresos y egresos suspendidos, embarcaciones demoradas, cargas reprogramadas, operaciones derivadas a otros países y costos crecientes para toda la cadena logística.

Qué hacen los prácticos y por qué son indispensables

Los prácticos son profesionales especializados que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso, salida y cambio de posición de los buques en puertos, ríos, canales y pasos complejos.

Su trabajo exige conocer con precisión las profundidades, corrientes, condiciones meteorológicas, particularidades de los accesos y características de cada terminal.

En Puerto Quequén esa función resulta especialmente sensible por las condiciones del canal de acceso y las maniobras que deben realizar embarcaciones de gran porte.

Los profesionales cuestionan que la desregulación pueda debilitar los controles y comprometer la seguridad de la navegación, la vida humana y la protección ambiental.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales recomendó que sus integrantes no asuman nuevas prestaciones una vez concluidos los servicios previamente comprometidos, hasta que existan condiciones de seguridad jurídica y operacional.

No es un paro sindical tradicional

Los prácticos trabajan como profesionales independientes y no existe una organización sindical que haya convocado formalmente a un paro nacional.

Las entidades del sector sostienen que cada profesional decidió individualmente no aceptar nuevas asignaciones. Por ese motivo, rechazan que exista una huelga organizada en los términos tradicionales.

Los servicios adjudicados antes del inicio del conflicto continuaron realizándose en algunos casos. Esto permitió que determinados buques completaran sus maniobras, mientras las nuevas solicitudes quedaban sin respuesta.

En la práctica, la decisión provocó una restricción generalizada sobre los ingresos, egresos y cambios de posición de los buques.

Qué puertos fueron afectados

El conflicto tiene alcance nacional y afecta las zonas donde el practicaje o el pilotaje resultan obligatorios, desde las terminales marítimas del sur argentino hasta el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Entre los puertos, terminales y complejos expresamente reportados como afectados se encuentran:

Puerto La Plata y la zona de fondeo de Punta Lara.

Dock Sud.

Puerto de Buenos Aires.

El complejo Zárate-Campana.

Las terminales del Gran Rosario.

Rosario.

San Lorenzo.

Timbúes.

Puerto General San Martín.

Puerto Quequén.

Puerto de Bahía Blanca.

También quedaron condicionadas operaciones desarrolladas en el Río de la Plata, el río Paraná y otras zonas marítimas y fluviales donde las embarcaciones necesitan prácticos, pilotos o baqueanos.

La enumeración no es cerrada: la suspensión de prestaciones fue comunicada con alcance nacional y no existe un parte oficial que detalle, terminal por terminal, cada maniobra demorada.

El corredor más comprometido es el denominado Up River, donde se concentran las terminales de Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. Se trata del principal nodo agroexportador de la Argentina y de una vía fundamental para el ingreso de divisas.

Alrededor de 140 buques y casi 3 millones de toneladas

Relevamientos realizados por entidades y actores del sector situaron en alrededor de 140 la cantidad de embarcaciones afectadas por la falta de confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje.

Otras estimaciones difundidas elevaron la cifra hasta aproximadamente 150 buques.

Por otra parte, fuentes portuarias calcularon que, si el conflicto se prolonga, podrían verse comprometidas operaciones correspondientes a más de 100 buques y casi 3 millones de toneladas de carga.

Entre los productos alcanzados aparecen maíz, trigo, poroto, harina y aceite de soja, combustibles, fertilizantes, carbón, mineral de hierro, urea y diferentes insumos industriales.

Pérdidas millonarias y cargas desviadas

Todavía no existe una cifra oficial consolidada sobre el perjuicio económico, pero las cámaras de la navegación advirtieron que la continuidad del conflicto ocasionará pérdidas millonarias.

Cada embarcación detenida genera costos operativos adicionales, prolonga la ocupación de los sitios de atraque y obliga a modificar cargas, escalas, contratos y cronogramas logísticos.

A esos gastos se suman el lucro cesante de las terminales y las empresas, los posibles incumplimientos comerciales, las demoras en el ingreso de divisas y el riesgo de saturación de la capacidad de almacenamiento.

Entidades del sector también informaron que algunas operaciones originalmente programadas en la Argentina comenzaron a ser derivadas hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil.

El país no solamente demora sus exportaciones: también corre el riesgo de perder cargas y servicios frente a competidores regionales.

El conflicto también alcanzó a Vaca Muerta

La paralización llegó además a una operación estratégica relacionada con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El buque semisumergible HL White Marlin arribó frente a Bahía Blanca transportando embarcaciones y equipos destinados a las obras de la futura terminal offshore de Punta Colorada.

La falta de practicaje impidió comenzar la descarga y dejó inmovilizada una flota preparada para instalar las monoboyas, los sistemas de amarre y parte de la infraestructura submarina desde la cual se proyecta exportar petróleo de Vaca Muerta.

La reforma que fue anunciada como una herramienta para favorecer las inversiones terminó demorando, apenas unos días después, una de las principales obras energéticas del país.

El riesgo para Puerto Quequén

En Puerto Quequén las terminales pueden recibir mercadería mientras exista capacidad de almacenamiento y los buques amarrados continúen realizando tareas de carga y descarga.

El problema aparece cuando esas embarcaciones terminan de operar y no pueden zarpar. Los sitios de atraque quedan ocupados y tampoco pueden ingresar nuevos barcos para recibir la mercadería acumulada.

Si el conflicto se prolonga, el impacto comenzará a trasladarse hacia los acopios, las terminales, el transporte de cargas y los trabajadores vinculados directa e indirectamente con la actividad portuaria.

Del anuncio de ahorro a la intimación

La contradicción quedó expuesta en cuestión de días. El Gobierno sostuvo que la desregulación permitiría bajar el denominado “costo argentino”, pero avanzó sobre una actividad estratégica sin construir previamente un acuerdo que garantizara la continuidad operacional.

 

DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos “costo argentino”. Si mirás los gráficos adjuntos vas a… pic.twitter.com/4TGKaE3HwY

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 31, 2026

 

El resultado fue una paralización de alcance nacional que incrementa los mismos costos que la reforma aseguraba combatir.

Frente a esa consecuencia, la principal respuesta oficial de este martes no fue la suspensión de la norma ni el anuncio de un acuerdo negociado, sino una intimación que contempla sanciones administrativas y advierte sobre eventuales derivaciones penales.

En Puerto Quequén está confirmado que el lunes se detuvieron los ingresos y egresos de buques mientras continuaban las tareas sobre las embarcaciones amarradas. Para este martes todavía no fue informada oficialmente una normalización local.

A nivel nacional, el conflicto permanece abierto y sin una solución anunciada. La actividad portuaria continúa condicionada por una desregulación que prometía mayor eficiencia, pero terminó generando pérdidas, incertidumbre y una crisis en uno de los sectores esenciales para el comercio exterior argentino.