
El encuentro fue convocado a partir del conflicto generado por la tala de árboles frente al Colegio de Abogados, pero el debate se extendió hacia una problemática más amplia: la ausencia de una política integral para proteger y gestionar el arbolado público de la ciudad.
Estuvieron representados todos los bloques políticos del HCD. También participaron integrantes de Necochea Ciudad Frutal, Bosque y Comunidad, la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, El Parque No Se Vende y la Mesa de Consenso por la Gestión del Parque Miguel Lillo, entre otros espacios.

Al finalizar la reunión, Susana Laborde, Valeria Elichiry y María Fonalleras dialogaron con NdeN sobre el resultado del encuentro y los pasos que seguirán las organizaciones.
Susana Laborde realizó una evaluación crítica respecto de la posibilidad de impedir la extracción de los dos plátanos que todavía permanecen frente al Colegio de Abogados.
“A mí me parece que no se comprometieron a nada”, expresó en referencia concreta a la preservación de esos ejemplares.
Los concejales explicaron que no podían garantizar la suspensión de la intervención porque existe una autorización firmada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno.
Laborde cuestionó el procedimiento administrativo que habría derivado en esa autorización y señaló que durante la tramitación se mencionó una supuesta conformidad comunicada por WhatsApp por parte de una profesional del área forestal.
“No existe en el procedimiento administrativo la posibilidad de dar una autorización por WhatsApp. Tiene que estar en un expediente: si es digital, con la firma como corresponde; y si es en papel, con el sello y las formalidades correspondientes”, afirmó.
La referente sostuvo que la autorización no reuniría, a su entender, los requisitos que debe cumplir una decisión de esas características.
“Consideramos que la extracción no se debe habilitar. Por eso se pidió una reunión con el funcionario y con el Colegio de Abogados, para ver si se puede llegar a un consenso”, explicó.
Laborde también advirtió sobre las consecuencias que podría generar una nueva intervención en el lugar.
“Lo que sabemos es que, si intentan sacar los árboles, se va a generar más conflicto entre vecinos. Y eso es lo que no queremos”, remarcó.
El resultado concreto de la reunión fue el compromiso de los concejales de solicitarle al Departamento Ejecutivo que envíe al HCD el proyecto de modificación y actualización de la Ordenanza de Arbolado Público.
La iniciativa, presentada hace más de ocho meses y consensuada con distintas áreas, contempla la creación de un Consejo de Arbolado Público con participación de profesionales, instituciones y representantes de la comunidad.
Valeria Elichiry explicó que el proyecto circuló por diferentes ámbitos del Ejecutivo, pero todavía no fue remitido al Concejo para su tratamiento.
“Debería bajar al Concejo Deliberante para que pueda darse el tratamiento legal y se efectivice esa ordenanza”, señaló.
Según Elichiry, la creación del organismo permitiría que las solicitudes de poda, tala o extracción sean analizadas previamente y cuenten con fundamentos técnicos específicos.
“No puede haber una habilitación de una poda, una tala o una extracción sin un fundamento. Sistemáticamente, en esta ciudad, se desarrollan esas tareas y después se busca la forma de justificarlas cuando alguien denuncia”, cuestionó.
“Si nadie denuncia, pasa y pasa, y así tenemos todos los árboles mochados”, agregó.
María Fonalleras valoró el compromiso de los concejales de reclamar el envío del proyecto, aunque reconoció que no hubo una respuesta favorable respecto de los árboles que originaron el conflicto.
“Con respecto a estos dos árboles tan emblemáticos, lo que solicitamos es que queden ahí como un antes y un después. Ellos dicen que no se pueden comprometer porque desde el Ejecutivo se firmó la extracción. Así que estamos intentando evitar eso”, explicó.

Las organizaciones insistieron en que la discusión no debe reducirse a los ejemplares ubicados frente al Colegio de Abogados.
Durante la reunión plantearon que el arbolado de línea forma parte de un sistema urbano y cumple funciones relacionadas con la absorción del agua de lluvia, la reducción de la temperatura, la disminución del polvo, la protección de la biodiversidad y la mejora del paisaje.
“El árbol no tiene que ver estrictamente con una cuestión ambiental: es una dimensión de lo urbano”, afirmó Elichiry.
La referente consideró “desinteligente” continuar interviniendo o extrayendo árboles sin fundamentos suficientes y destacó que numerosas personas están dispuestas a colaborar voluntariamente dentro del futuro Consejo.
“Somos un montón de personas que vamos a estar colaborando sin cobrar un sueldo para que las cosas funcionen como corresponde”, sostuvo.
Las entidades también recordaron que lo ocurrido frente al Colegio de Abogados no constituye un hecho aislado. Durante la comisión mencionaron intervenciones recientes en la avenida 10 y en otros sectores de Necochea.
Fonalleras propuso que los plátanos que permanecen en pie sean preservados como símbolo de un cambio en la forma de gestionar el arbolado urbano.

La referente también destacó la cantidad de personas que asistieron a la reunión durante una mañana laboral.
“Cada una de estas personas que pudo venir un martes a las nueve y media tiene detrás un montón de gente que no pudo hacerlo por sus responsabilidades laborales”, manifestó.
“Se tiene que empezar a escuchar lo que quiere la comunidad y no solamente lo que quiere un frentista”, agregó.
El conflicto había tomado estado público después de que un vecino fuera agredido mientras filmaba la primera extracción. Las organizaciones señalaron que el episodio fue el resultado de una serie de decisiones y procedimientos deficientes que terminaron enfrentando a quienes intentaban preservar el arbolado con las personas encargadas de realizar el trabajo.

Antes de finalizar, Valeria Elichiry manifestó el respaldo de las organizaciones al director de Guardaparques, Julián Zugazúa, quien intervino ante la denuncia realizada durante la primera extracción.
“Queremos expresar nuestra defensa absoluta de las acciones de Julián Zugazúa. Hizo todo lo que debía hacer en función de cómo estaban dados los procedimientos en ese momento. Intervino como tuvo que intervenir”, afirmó.
“Si él no hubiera intervenido, habría estado incumpliendo su deber como funcionario público”, concluyó.
El reclamo continuará ahora por dos caminos: los concejales solicitarán al Ejecutivo que remita el proyecto para crear el Consejo de Arbolado Público, mientras que las organizaciones buscarán abrir una instancia de diálogo que permita preservar los dos plátanos y evitar una nueva escalada del conflicto.
